Una nueva Ley Valenciana de Servicios Sociales aunará todos los servicios derivados de la Ley de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y otras prestaciones sociales, según ha anunciado hoy el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré.
Cabré ha expuesto en Les Corts Valencianes las políticas de su departamento para los próximos cuatro años, entre las que también figura un plan para la puesta funcionamiento gradual de los juzgados pendientes y la creación de una ley integral de las familias.
La oposición le ha recriminado que la Comunitat Valenciana siga siendo la segunda autonomía que "peor" aplica la Ley de Dependencia, que haya rebajado en un 8,7% los recursos destinados a los servicios sociales municipales, y que haya renunciado a poner en marcha quince juzgados aprobados por el Gobierno central.
Según ha asegurado el conseller, la nueva Ley de Servicios Sociales supondrá "una mejora sustancial en la gestión" de esta materia, y se verá complementada por la Carta de los Derechos Sociales, que se aprobará en previsión a lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía.
Esta carta recogerá todos los principios, derechos y directrices que marcarán la actuación pública de la Generalitat en políticas sociales.
Respecto a la Ley de Dependencia, el conseller ha asegurado que en esta legislatura se alcanzará la "completa" implantación de la norma autonómica que la desarrolla, y continuará reivindicando al Estado las transferencias "necesarias" para poder asumir "adecuadamente" su aplicación.
Otra de las principales líneas de actuación esta Conselleria será "la familia", institución que se verá reforzada mediante una ley integral ligada a dos grandes valores: los menores y la juventud.
El Consell impulsará políticas que desarrollen la acogida de menores a través de iniciativas como las "familias educadoras".
También desarrollará un Plan de Protección del Menor como parte de una política preventiva en materia de protección a los menores en situación de riesgo o inadaptación social, "siempre desde la perspectiva educativa", ha especificado Cabré.
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social incidirá asimismo en las políticas dirigidas a la mujer mediante el cuarto Plan de Igualdad de Oportunidades y el Primer Plan Concilia, y próximamente elevará al pleno del Conell el anteproyecto de Ley Integral contra la Violencia de Genero.
En materia de Justicia, Cabré ha señalado que dará prioridad a la puesta en funcionamiento de los juzgados pendientes en la provincia de Alicante, "los más castigados por efectos de la crisis", e impulsará un sistema de financiación igualitario de la justicia en todo el territorio nacional para erradicar la diferencia entre comunidades.
Pondrá en marcha además diferentes medidas de ahorro basadas en la eficiencia energética, la informatización de procesos y archivos, y el fomento de la videoconferencia.
Uno de los campos en los que más trabajará será la asistencia jurídica gratuita, y para ello el Consell aprobará un convenio con el Colegio de Abogados de Valencia para reducir las cargas administrativas en las solicitudes de justicia gratuita, entre otras medidas.
El diputado socialista Antonio Torres ha lamentado en su intervención que el conseller haya obviado a "los 60.000 dependientes" a los que el Gobierno valenciano "ha impedido" ejercer su derecho, y a los 16.000 que han fallecido mientras esperaban que se aplicara esta ley.
"Digan claramente que no tienen dinero para hacer nada porque se lo han gastado en fiestas y champán", ha añadido la diputada de Compromís Mónica Oltra, quien le ha reprochado "el abandono" que han sufrido durante los años los enfermos mentales, una de las "grandes asignaturas pendientes" del Consell.
