El empresario Enrique Ortiz está dispuesto a asumir el coste del desvío de una canalización de agua potable para abastecimiento de la comarca de la Marina Baixa que actualmente discurre por los terrenos de Rabasa, lo que ha impedido hasta el momento el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar a la implantación de Ikea en esa parcela.

Para desbloquear esta nueva traba a la instalación de la multinacional del mueble, Ortiz, como representante de la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo, encargó un informe sobre la afección de la infraestructura a un despacho de abogados especializados en gestión urbanística -Pérez Segura Asociados- y al grupo de ingenieros CotaACota.

El equipo redactor admite que, como consecuencia de la ordenación del sector, el trazado de dicha conducción de agua potable, propiedad de Acuamed, queda afectado y resulta incompatible con la ordenación aprobada. "Lógicamente esa afección se ha considerado en el desarrollo del proyecto y está previsto su desvío y reposición a cargo del sector". En este sentido, proponen la ejecución de un desvío con una tubería de fundición dúctil en un tramo de 1.790 metros lineales con un diámetro -en la conducción- superior al existente para no alterar las condiciones de funcionamiento de la elevación del agua manteniendo el caudal. El informe también recoge que habrá que evitar que el nuevo trazado discurra por los viales interiores del sector y concluye que la reposición de la tubería "es plenamente factible" y se hará "con cargo a la actuación integrada -es decir, al proyecto de urbanización- y bajo autorización y supervisión de su titular".

Asimismo, el equipo de abogados considera que el suelo del plan Rabasa por el que discurre la canalización no debe incluirse en la clasificación de no urbanizable de especial protección, como pedía la Confederación Hidrográfica, pese a que la tubería tiene carácter de dominio público por prestar un servicio público vinculado al abastecimiento de agua.

Por otra parte, el grupo madrileño Ortiz y Construcciones; la unión temporal de empresas formadas por Ingeniería y Construcción Moymar, Procumasa e Imesapi; Esclapés e Hijos y Urdinter Infraestructuras optan a la adjudicación del contrato de construcción del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Alicante, en la Vía Parque, uno de los proyectos con más dotación económica del ejercicio, con un presupuesto de 876.000 euros cofinanciado por la Comisión Europea.