El PP ya ha amortizado políticamente, con la dimisión de Francisco Camps incluida, el desgaste que le ha generado tener como contratista de cabecera -del partido y la Generalitat- en la edad dorada de los eventos a las empresas del grupo Correa, probablemente la mayor red de corrupción de la democracia. Sobre esta premisa, el presidente Alberto Fabra prometió el pasado 1 de septiembre que todos los contratos públicos serían visibles para la oposición, incluidos los del universo Gürtel, que forman parte del sumario judicial. Tres diputados de Esquerra Unida (Marga Sanz, Ignacio Blanco y Lluís Torró) revisaron ayer en la Conselleria de Presidència hasta 134 páginas, que comprenden casi medio centenar de facturas y contratos del Consell con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama, registrados entre 2006 y 2009.

Por primera vez en dos años y siete meses -desde que el 6 de febrero de 2009 estalló el escándalo con registro de las oficinas de Orange Market y visita policial a la Agencia Valenciana de Turismo por orden de Garzón- el Consell ha servido información sin mediar petición forzosa del juez o la policía.

Fabra ha dejado, eso sí, ver lo conocido, pero no ha permitido acceder a los expedientes, como pretende EU, cuyo interés radica en revisar las actas de las mesas de contratación, así como los informes técnicos. EU recibió, además, copia de la documentación, un hecho inédito desde que el PP gobierna.

Contratos menores de 12.000

En 1998, Glòria Marcos (EU) pudo ver y llevarse toda la información del contrato oficial del IVEX con Julio Iglesias, tras leerlo grabadora en mano. Otros diputados como Antonio Torres (PSPV) han hecho lo propio con expedientes de subvenciones a dedo, pero nunca antes se habían sacado papeles de la Generalitat. Cierto que a estas alturas, los documentos no revelan grandes novedades, pero el legado de Orange Market viene a ser un compendio de las numerosas irregularidades cometidas en las adjudicaciones a la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes, que se fueron destapando gota a gota.

Diez consellers y media docena de directores generales regaron la economía (el 73% de la facturación de Orange Market fue con el PPCV y el Consell) Gürtel a menudo saltándose las normas, gracias a la soltura con la que el comercial de Correa en Valencia se movía por la cocina de la Generalitat.

Este diario contó el 19 de mayo, tras ir publicando el rastro de facturas de la firma de El Bigotes, que el 80% de los encargos públicos se habían hecho a dedo y para ello se fraccionaban las adjudicaciones para que no alcanzaran los 12.000 euros, fueran contratos menores y evitar así el concurso o subasta. El diputado de EU Ignacio Blanco, avaló ayer estas pautas de actuación. Entre las prácticas poco ortodoxas detectadas se refirió también a que un "mismo servicio se facturó varias veces" o a la emisión de facturas sin IVA o "un año después del concepto por el que se ha cobrado o se pretende cobrar". En algunos casos, "falta la fecha de emisión de la factura" o la del evento que se ha cobrado. Hay ejemplos de repeticiones de facturas con conceptos parecidos. En este sentido, Blanco citó en declaraciones a este diario los llamados "Premios Salud y sociedad", cuya organización corrió por cuenta de Orange Market.

"Políticamente se ve la connivencia de la Generalitat con una empresa que podemos calificar de corrupta. Se ve como se usó la Administración para dar negocio a los amiguitos del alma", sentenció Blanco en la puerta de la Conselleria de Presidencia, tras hacer un alto en la revisión de los papeles para hablar con los periodistas.Entre las conclusiones que se desprenden de esta documentación, que obra en el juzgado, está la inaudita rapidez del Consell en las adjudicaciones, formalización de contratos, aceptación de las facturas y pago de las mismas.

Los papeles "menos incómodos"

Todo ese proceso apenas duró una semana en el caso de los contratos que la Sociedad Gestora para la Imagen de la Comunitat Valenciana concedió a El Bigotes para organizar la ceremonia inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante. La red Gürtel pescó 445.000 euros de ese sarao. El último encargo del Consell a Orange Market, junto al contrato de Fitur 2009, fue el diseño de la página web de la Conselleria de Educación, que pagó 5.452 euros a la firma Gürtel.

EU valoró ayer el "gesto" de facilitar la información, pero agregó que la "normalidad democrática está muy lejos de producirse". "Nos han facilitado la documentación menos incómoda de toda la solicitada", comentó Blanco. Y añadió: "Para que el Gobierno del PP pueda presumir de transparencia ha de dar todos los contratos, de momento no puede dar lecciones a nadie hasta que no se consiga que esto deje de ser noticia".

El Consell dice que el juez no ve anomalías

El Consell criticó ayer duramente el comportamiento, que tildaron de "poco serio", de los tres diputados de EU que visitaron la conselleria de Presidencia para fiscalizar los contratos y facturas de Orange Market. La documentación sobre el resto de las adjudicaciones a empresas de la red Gürtel no ha sido solicitada de momento. Respecto a los contratos y facturas repasadas por la oposición, una portavoz de la Generalitat indicó que toda esa documentación "es pública, ha sido publicada por los medios de comunicación y ha sido revisada por los jueces y no se ha detectado ninguna irregularidad". La misma portavoz habló de "falta de seriedad" de los diputados de EU por salir a las 11,30 horas a "valorar los contratos" ante la prensa, sin haber siquiera leído "la tercera parte de los documentos". "Para salir, preguntaron dónde estaba el lavabo", comentaron desde el Consell con enorme malestar. Desde EU negaron este extremo. F. A.

EU exige también los expedientes de las torres de Calatrava

"Todo esto no servirá para nada si no podemos acceder al resto de la documentación". El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, recordó ayer que, una vez enseñados los contratos y las facturas que resultan "menos incómodos" para el Consell, todavía queda mucho para poderle conceder a Alberto Fabra el título de "transparente".

El diputado Ignacio Blanco enumeró el listado de los contratos que pretenden revisar, entre ellos el del arquitecto Santiago Calatrava en el proyecto de construcción de las torres en el terrenos de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa). Otro de los contratos que desea fiscalizar Esquerra Unida es el de la construcción del edificio de la sede de la Valentia International University (VIU) en Castelló, a cargo del arquitecto Frank Gehry. La Ciudad de las Lenguas o la Ciudad de la Música son otros dos proyectos, cuyos contratos y adjudicaciones pretende destripar el grupo parlamentario que dirige Marga Sanz. F. A.