Alrededor de 500 personas, la mayoría delegados de CC.OO. y UGT, se han concentrado esta tarde en Alicante contra la reforma de la Constitución, que fijará límites al déficit público, y para exigir un referéndum.
La plaza de La Montañeta, situada frente a la subdelegación del Gobierno en la capital alicantina, ha sido el lugar elegido por los convocantes para expresar públicamente su rechazo a la citada reforma constitucional.
Los sindicalistas han compartido espacio reivindicativos con cargos públicos y orgánicos de Esquerra Unida (EU), Compromís, PCE y del Movimiento por la República, entre otras formaciones, así como con representantes del Movimiento 15-M.
Entre los asistentes, estaban los secretarios generales de UGT y CC.OO. en Alicante, Óscar Llopis y Consuelo Navarro, respectivamente; la diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà; la edil de EU en el consistorio alicantino Ángeles Cáceres, además de delegados de los dos sindicatos mayoritarios de la comarca del Bajo Vinalopó, principalmente de Elche y Crevillente.
Antes de la lectura del manifiesto conjunto, la citada plaza, uno de los puntos más representativos de la ciudad de Alicante a la hora acoger protestas, ha acogido el concierto de un grupo, cuyas canciones han estado marcadas por el rechazo a la citada reforma, la crítica a los bancos y la negativa a los recortes sociales.
El profesor de la Universidad de Alicante y exdiputado Manuel Alcaraz, quien ha ejercido de portavoz de los concentrados, ha criticado que la constitución marque el limite del déficit, ya que supone "definir un modelo económico" que politiza la constitución hacia posiciones neoliberales.
Por ello, se ha pedido un referéndum que permita a la sociedad opinar, en contra de lo pactado por PSOE y PP "en pleno mes de agosto".
Para UGT y CC.OO, la reforma pactada es "incomprensible" e "inaceptable", y pone en "grave riesgo" las prestaciones y los servicios públicos del Estado de Bienestar social.
En este sentido, el Movimiento 15-M de Alicante ha subrayado que la citada reforma es "un agravio para el Estado del Bienestar". EFE
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