La reestructuración del sector público empresarial valenciano supondrá un ahorro conjunto de 400 millones de euros, que ya estará reflejado en los Presupuestos de 2012 y que incluye una reducción en los gastos de funcionamiento del 40 por ciento, lo que supone alrededor de 150 millones de euros.
El Consell ha aprobado hoy un decreto ley de medidas urgentes del régimen económico financiero de todo el sector público empresarial y fundacional, que irá acompañado de la creación de la corporación pública empresarial valenciana, que se ha aprobado en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que también mantiene la bonificación del cien por cien del impuesto de patrimonio.
El decreto ha sido explicado en rueda de prensa por el conseller de Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, quien ha destacado que se establecerán planes de saneamiento para las entidades más endeudadas, que también deberán contar con un plan de pago a proveedores que si no cumplen supondrá la paralización de las inversiones de la Generalitat en el ente.
La reestructuración afecta a 26 sociedades mercantiles, 19 entidades de derecho público y 35 fundaciones, que tienen un coste presupuestario actual de 2.600 millones de euros, una nómina de entre 10.000 y 11.000 trabajadores y un nivel de endeudamiento que supera los 5.000 millones de euros.
Estos datos los ha facilitado el conseller de Economía, quien ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "contribuir a conseguir un sector público y empresarial y fundacional saneado, austero y eficiente" que esté adaptado a "las necesidades actuales" de la Comunitat Valenciana.
La corporación que incluirá a 45 entidades de derecho público y sociedades mercantiles y se prevé que entre en funcionamiento dentro de cuatro meses, a partir de enero, busca al igual que el decreto generar un ahorro en el sector público que sirva para "alimentar a la economía productiva", ha explicado.
Verdeguer ha especificado que el decreto afecta a 75 entidades, entre sociedades mercantiles, entidades de derecho público y fundaciones, entre las que se incluye Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y la Agencia Valenciana de Turismo, que no se tendrán en cuenta en la corporación.
El objetivo de este decreto, del que no ha concretado qué reducción supondrá en cuanto al número de empresas y de trabajadores, es lograr la "estabilidad presupuestaria", para lo que, si es necesario, se establecerán auditorías externas en casos de "extremo incumplimiento".
Verdeguer ha insistido en que a la hora de fijar los criterios de reestructuración se tendrá en cuenta el de evitar "solapamientos" y se revisarán "todos los capítulos", entre los que se encuentra el dedicado a los gastos de personal, que supone un 12 ó 13 por ciento del total.
En este sentido, se abordará el régimen de retribuciones de los directivos que no podrá superar el sueldo de los altos cargos de la Generalitat, ha explicado el conseller, quien ha indicado que se ha dado un plazo de seis meses para regularizar esta cuestión.
El decreto ley, el primero de estas características que se aprueba en España, obligará a las empresas públicas a que soliciten autorizaciones previas cuando las contrataciones superan los 12 millones de euros, en cumplimiento de la ley de Contratación de la Generalitat.
El Consell también delegará en el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el control del endeudamiento de las entidades públicas, y reforzará las medidas de control interno, estableciendo la obligación de presentar con carácter trimestral la información contable.
El sector público fundacional será el primero objeto de esta reestructuración, que se ejecutará a lo largo del mes de noviembre, mientras que se prevé que el plan en su conjunto esté finalizado antes de que termine el primer semestre de 2012.
