"Los juzgados están caducos para investigar la corrupción"

Si ocurre en casos con numerosos imputados por narcotráfico y grandes estafas es lógico que también pase en los de corrupción. El actual sistema de trabajo de los juzgados es caduco y trasnochado para actuar en asuntos de esta naturaleza. En 2007 ya alertamos de que había que apostar por la especialización y crear órganos centrados en corrupción y crimen organizado. Un juzgado de Villena o de Orihuela no puede asumir con los medios que tiene estos asuntos tan complejos y además compartirlo con otras materias. Si hay fiscales anticorrupción, también deben existir juzgados especializados

Sin embargo, la Sección Décima de la Audiencia se iba a especializar en crimen organizado y no pudieron hacerlo porque había dudas de su viabilidad, ¿no es contradictorio?

No estamos hablando de lo mismo porque lo más importante es que sea el juzgado de Instrucción el que se especialice, mientras que en la Audiencia hablábamos sólo de celebrar juicios. La base de todo y lo más complicado es la instrucción. Un juzgado especializado y con ámbito provincial sería más ágil porque estaría acostumbrado a indagar asuntos de este tipo.

¿Cree que se abusa de los recursos para dilatar los procesos?

No se debe recortar el derecho de defensa de los acusados porque no haya medios. Puede que el sistema provoque lentitud, pero no por ello se debe suprimir la facultad de los abogados para interponer recursos. Insisto en que lo que hay que hacer en cambiar el modelo para ganar en agilidad.

¿Considera lógico que una investigación por corrupción se archive por anularse las escuchas telefónicas?

Todos los altos tribunales son muy rígidos en la exigencia de observancia de las garantías de los imputados. Si el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anulan decisiones judiciales con demasiada frecuencia, lo que están haciendo es lanzar advertencias para que se legisle de forma clara en cuestiones de prueba y procedimiento para evitar que fallos en la tramitación puedan provocar nulidades. Son unánimes las peticiones de estas reformas para evitar esa sensación de impunidad.

¿Significa eso que el juez de Orihuela ha hecho lo que debía al anular escuchas del Brugal?

No puedo pronunciarme sobre esa cuestión, puesto que es algo que tendrá que resolver la Audiencia.

A pesar de los años que llevan pidiendo esa reforma de la ley, ¿por qué hay tantas reticencias en hacerlo?

Ha habido miedo en sacar adelante esta reforma y a que se trate de un cambio demasiado brusco. Si hace poco ha entrado en vigor una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, debe salir adelante otra en materia penal. Parece que no hay un acuerdo sobre cuál es el modelo que se debe implantar. Lo que está claro es que hace falta un cambio y por eso en el próximo congreso de presidentes de Audiencias voy a presentar una propuesta con mi compañera de Valencia para que se lleven a cabo reformas y reclamar consenso para hacer una ley que evite colapsos, agilice juicios y que las víctimas del delito no se olviden y no se les trate como a un testigo más.

¿Qué le parece que un imputado en una causa penal investigue a un fiscal?

Sin entrar en el fondo del caso (en alusión al informe sobre el fiscal Anticorrupción incautado en el despacho Salvetti del que son socios el hermano de la alcaldesa y el exedil socialista Javier Gutiérrez, imputados en el caso Brugal), no me parece correcto que se hagan investigaciones privadas sobre la vida de cualquier persona. Son la Policía y los tribunales quienes deben hacerlo.

¿Debería hacer algo la Fiscalía?

Es más una cuestión de ética y moral que judicial. No veo ético que se investigue a alguien por parte de particulares.

Uno de los jueces por los que ha pasado el caso Brugal tuvo problemas de salud, otro ha pedido el traslado, ¿es tanta la presión que soportan?

Si un magistrado debe tramitar estos procedimientos complejos además de todo el trabajo que ya realizan, es lógico que se den situaciones de estrés. En un juzgado se tiene el problema de que quien está al frente no puede hacer nada si faltan de medios. Depende de una tercera persona que a lo mejor no considera tan imprescindibles esas peticiones. (Por la Conselleria de Justicia, que es la encargada de dotar de medios a los juzgados).

¿Los jueces evitan Alicante como destino?

Es una provincia con buen clima y gran calidad de vida. Sin embargo, desde un punto de vista judicial es un destino complicado. De los trece partidos judiciales que tiene Alicante, seis están atendidos por magistrados, que son jueces de mayor rango. Es algo que no ocurre en ninguna otra provincia. Somos los quintos de España en volumen de trabajo y además a veces se trata de asuntos de gran complejidad, lo que es más preocupante. Pero los que somos de aquí, seguimos apostamos por esta provincia. No hay fuga de jueces alicantinos a otros destinos.

¿Qué le parece que a raíz de las investigaciones por corrupción haya una tendencia a colocar etiquetas a jueces y fiscales?

Existe en la sociedad una percepción de que jueces y fiscales tienen simpatía por determinadas opciones políticas, cuando se trata de algo que no es real. Una amplia mayoría de jueces y fiscales actúan con arreglo a derecho y sin otros intereses. Sé que la percepción en la calle es bastante distinta. Quizá exista una judicialización extrema de la vida política que provoca una mayor intervención del poder judicial.Cualquier decisión se mira con lupa y se dice que está de un lado o de otro, cuando no es cierto.