El juez que instruye las diligencias abiertas por supuestas irregularidades en la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, Manrique Tejada, ordenó investigar si detrás de los empresarios interesados en adquirir terrenos en la zona de las Atalayas, donde estaba previsto un parque natural que fue descatalogado poco después, existían indicios de información privilegiada.
Así lo recoge el sumario de Brugal, donde consta una providencia del magistrado en la que ordenó dar traslado al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de documentación remitida por la Fiscalía Anticorrupción sobre los citados terrenos, cuyos propietarios se negaron a vender y a los que luego se les desprotegió su suelo. Unos terrenos que, de no haber sido desprotegidos, habían sido permutados con suelos urbanizables en otros puntos de la ciudad.
Según se recoge en el sumario, la exportavoz del grupo municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, compareció en la Fiscalía Anticorrupción el 23 de febrero de 2011 para dar traslado al fiscal Felipe Briones de un escrito firmado por cinco propietarios de más de 250.000 metros cuadrados en las Atalayas que denunciaban que sus terrenos fueron desprotegidos como parque natural poco después de que se negaran a vender el suelo por los precios "irrisorios" que ofrecía la firma encargada de la mediación que era, aseguran, Mallaeta Urbana S.L. En los terrenos de estos afectados estaba previsto crear el Parque Natural de la Vallonga, tal y como recogía el Plan General, y que fue eliminado, junto al parque de las Atalayas, en la última revisión del documento.
Una de las firmantes del citado escrito, como publicó el martes este diario, presentó a modo particular alegaciones ante el Ayuntamiento denunciando un trato desigual en la catalogación de parques ante suelos de características similares, alegaciones que fueron rechazadas.
Alegaciones
El juzgado de Instrucción número 5 investiga la relación entre la elaboración del PGOU y un supuesto trato de favor empresarios, así como el procedimiento seguido para resolver las alegaciones presentadas al Plan General. El juez Tejada acaba de imputar formalmente al hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio, Javier Gutiérrez, a quienes el fiscal achaca los presuntos delitos de tráfico de influencias, asesoramiento ilegal y revelación de información privilegiada.
Según revela el informe policial aportado por los investigadores al juez sobre la documentación incautada en los ordenadores del despacho de abogados Salvetti -que comparten el hermano de Castedo y Gutiérrez, ambos abogados urbanistas- la empresa encargada de elaborar alegaciones y la que las resolvía están vinculadas.
