La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, señaló ayer que nunca creyó que "el peaje" que pagaría por estar en política "iba a ser tan alto", después de que un informe policial haya revelado que dos abogados -uno es su hermano- pudieron cometer alguna ilegalidad en la tramitación del planeamiento urbanístico.

"Sabía que yo tendría que pagar un peaje importante, pero nunca creí que mi familia también lo tendría que pagar", dijo Castedo al ser preguntada por el citado informe. A su juicio, este informe, que ya ha sido remitido al juez que instruye la pieza separada del caso Brugal referida al citado planeamiento urbanístico de la ciudad, recoge "interpretaciones" y "suposiciones".

El citado informe revela que los dos letrados -José Luis Castedo y Javier Gutiérrez-, cuyo despacho fue registrado el pasado mes de abril en el marco del caso Brugal, "además de contestar alegaciones a través de una sociedad, redactaban para determinadas empresas y particulares la propia alegación a presentar al Ayuntamiento".

La creación y actividad del despacho de abogados estaría "estrechamente relacionada con la tramitación" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según refleja el citado informe. "Yo no haré más declaraciones hasta que no tenga toda la documentación para no tener que interpretar y sí para demostrar. Es lo lógico",añadió.

Tras manifestar que las suposiciones y las interpretaciones son "peligrosas", citó como "ejemplo, aunque no es comparable, el caso de la deportista Marta Domínguez".

"Las suposiciones y la interpretaciones llevaron a detenerla, a que entraran en su vivienda y a sufrir una humillación pública. Después, esas suposiciones no eran ciertas, pero el daño ya estaba hecho", comentó al alcaldesa de Alicante.