La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, ha afirmado que del informe policial sobre el 'caso Brugal' "se desprende que el epicentro de la trama corrupta" en relación con el Plan General de Ordenación (PGOU), "no está en un despacho de abogados particular, sino en la Alcaldía de Alicante y su Concejalía de Urbanismo bajo el gobierno del PP".
Tras las informaciones sobre el último informe policial del 'caso Brugal', fruto del registro domiciliario de Salvetti Abogados, cuyos socios son el exedil socialista Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Elena Martín ha indicado en un comunicadoo que este despacho "no es la clave, sino un mero instrumento creado a tal efecto para intervenir y controlar, de modo encubierto y ventajista, todo el proceso de tramitación del plan, bajo las directrices de Alperi y Sonia Castedo".
"Sin Sonia Castedo como concejal de Urbanismo y su alcalde Alperi, no habría sido posible montar este entramado de información privilegiada, contactos y chanchullos del que nos habla el informe policial", ha añadido.
A su juicio, "fueron ellos, los que tenían todo el control político desde sus cargos públicos, quienes eligieron y situaron a sus peones, promovieron los contactos, dando las órdenes oportunas y manipularon el PGOU para, presuntamente, sacar beneficio o beneficiar a otros".
Elena Martín se ha mostrado partidaria de "esperar a las decisiones judiciales" y ha manifestado su "máximo respeto a la labor desarrollada por Policía, jueces y fiscales". "Todos los implicados en esta trama tendrán que responder ante la justicia, pero la alcaldesa Sonia Castedo y el diputado Luis Díaz Alperi tienen además la obligación de asumir su responsabilidad política y dar todas las explicaciones a la ciudadanía que les eligió".
