La deuda que acumulan en luz y agua los institutos de Secundaria de la provincia desde que empezó el año oscila entre los 800 y los 1.500 euros mensuales por centro. Ayer, hartos de hacer encajes de bolillos para mantener los centros abiertos pese a no recibir el correspondiente dinero de la Conselleria de Educación, los directores decidieron plantarse y dejar de pagar los recibos. "Estamos asfixiados", dijeron.

Consideran que juegan con ventaja porque al tratarse de centros públicos "no nos pueden cortar el suministro ni de luz, ni de agua", aunque posteriormente se vean obligados a pagar los intereses de demora. "No podemos seguir destinando los escasos fondos que nos quedan en cuestiones tan básicas para tener abiertos los edificios educativos, cuando todo depende de la gestión de un Consell que no paga a la enseñanza pública, pero sigue invirtiendo en la concertada", declaró Laura Oliva como portavoz del colectivo de directores.

Transferencia de recursos

"Los problemas los genera la propia Administración porque no paga lo que debe y prefiere a la concertada", insiste Oliva. Los directores salían ayer de la primera asamblea que han celebrado este curso sumamente molestos y "preocupados" por el excesivo retraso en los pagos. "Resulta increíble. Las familias tienen que saber que la enseñanza pública funciona, y que lo hace bien, a pesar de una situación tan crítica como la que está provocando el Consell", puntualiza Oliva. Así que prefieren destinar lo que les queda en actuaciones educativas "y no en pagar lo que debe el Consell".

Esta falta de pago penaliza especialmente a los que han conseguido ahorrar o bien lograron premios por programas experimentales con sus alumnos, porque a los pocos institutos a los que se les ha ingresado algún dinero es porque no tenían nada en la cuenta.

Los directores reflejaban su inquietud ante lo que califican de "transferencia de recursos" hacia otro tipo de centros, cuando los públicos son "los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos".

Sin embargo, la única transferencia de recursos que admite Educación es la de 1,8 millones de euros aprobada hace un par de semanas por el pleno del Consell como modificación de crédito a favor del departamento que dirige José Císcar para hacer frente a esta deuda acumulada.

Mientras la asociación provincial de directores cifra en el 70% los centros que no han recibido ni un solo euro desde que empezó el año, - apenas un tercio de los 138 de la provincia vieron engrosar sus cuentas económicas el mes de junio del año pasado por última vez-, en la Conselleria de Educación aseguran que "falta pagar a 30 institutos de toda la Comunidad", e insisten en que el dinero "está en trámite de urgencia y la preocupación de esta conselleria es absoluta".