La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de Alicante ha exigido hoy "sin paliativos" la dimisión de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y del diputado autonómico y ex alcalde Luis Díaz Alperi por su "implicación y supuesta actuación delictiva" en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En un comunicado, la PIC se ha mostrado estupefacta por "el aluvión de noticias, basadas en informes policiales, que sitúan al ex alcalde Alperi en el epicentro de cuantas irregularidades se han detectado y denunciado alrededor del nunca acabado y siempre manipulado" PGOU.
El sumario que se instruye al respecto exhibe las relaciones, para la PIC, "impúdicas" entre el ex alcalde, la consultora urbanística del ex concejal socialista Javier Gutiérrez, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el técnico elegido por Díaz Alperi, Jesús Quesada, para cerrar la redacción del Plan General al final de su mandato.
Para la PIC, Alperi decidió relevar en el año 2007 al entonces redactor del PGOU, el arquitecto y urbanista Lluís Cantallops, y desde ese momento se sucedieron las "maniobras en la oscuridad" del actualmente diputado en las Cortes, para un año después adjudicar la confección del plan a la empresa Laboratorios y Proyectos, sociedad de Jesús Quesada.
En abril de 2008 se adjudicó el 50 por ciento de acciones de una empresa, Andarx Bussiness, que tenía como objeto social la actividad urbanística y que, un mes más tarde, compró un barco de 610.000 euros, y en septiembre de aquel año nombró como su sustituta en la alcaldía a Sonia Castedo desde la concejalía de Urbanismo.
Para culminar "este insoportable paquete de sospechosas actuaciones" sobre el planeamiento urbanístico ciudadano, en 2010, la PIC dice que Alperi firmó un contrato con la consultora de Javier Gutiérrez y de José Luis Castedo para recibir asesoramiento en iniciativas y actividades urbanísticas.
Asimismo, según la PIC, la Policía ha destacado en sus investigaciones que el hermano de la alcaldesa ya asesoraba a su después socio, Gutiérrez, cuando aún trabajaba en la Consellería de Urbanismo.
Con todo ello, la PIC considera necesario una "exhaustiva explicación" por parte de la alcaldesa de la ciudad, como máxima responsable del planeamiento de Alicante.
Además, la alcaldesa debe presentar una dimisión "irrevocable dada su manifiesta incapacidad" y el supuesto amparo de actuaciones que podrían ser delictivas a la vista de los informes policiales.
Del mismo modo, Díaz Alperi debe explicarse y presentar la dimisión "inmediata" ya que las noticias que le convierten en protagonista de todo este oscuro panorama le confirman como gran beneficiario del entramado, según la PIC.
La plataforma cree que tanto Castedo como Alperi accedieron al Parlamento autonómico para protegerse "desde la inmunidad parlamentaria ante posibles actuaciones judiciales".
Por otro lado, esta plataforma también exige que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, exija a ambos políticos la dimisión de sus competencias en el ayuntamiento alicantino y Les Corts Valencianes.
