El recluso de 26 años de la cárcel alicantina de Fontcalent procesado por matar a otro interno con una cuchilla de afeitar en los lavabos de un módulo ha reconocido la autoría del crimen durante la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial.

Para este hombre, el fiscal pide 15 años de prisión por un delito de homicidio y otro de resistencia mientras que para otro recluso que cooperó con él para llevar a la víctima hasta el aseo solicita 14.

Aunque en un principio estaba previsto que la vista oral con jurado fuera en audiencia pública, la sesión ha sido a puerta cerrada por motivos de seguridad, por lo que ni medios de comunicación ni público han podido entrar a la sala.

Fuentes judiciales han explicado a EFE que el acusado de la muerte, Lanzin B.E., nacido en Las Palmas de Gran Canaria en julio de 1985, ha admitido ante el jurado el crimen.

Por su lado, el otro recluso procesado, el almeriense de 26 años Jesús Miguel R.S., ha reconocido que tuvo conocimiento de los hechos aunque ha sostenido no participó en la agresión mortal.

Según la calificación del fiscal, los hechos ocurrieron a mediodía del 9 de agosto de 2009 cuando Jesús Miguel R.S., actuando en connivencia con el agresor, llevó al servicio del módulo cuatro de Fontcalent a la víctima, Jacinto Rubio Granados, aprovechando que éste último no desconfiaba de él.

Una vez allí, se presentó Lanzín B.E., quien con la intención de matar a la víctima le cogió fuertemente del cuello y le golpeó reiteradamente con el puño y piernas en diversas zonas, al tiempo que le cortaba con una cuchilla de afeitar en el cuello.

A continuación abandonaron la estancia aunque poco después Lanzín B.E. usó la citada cuchilla para amenazar a los agentes que actuaron para inmovilizarle, a los que advirtió de que les iba "a rajar" si se acercaban.

Jacinto Rubio Granados falleció por traumatismo craneoencefálico y por las heridas incisas múltiples sufridas, que le destrozaron los órganos vitales.

El ministerio público pide que los dos procesados indemnicen con 70.450,81 euros al hijo de la víctima y, además, que sea responsable subsidiaria la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.