La intención del director provincial de Educación en Alicante de cambiar el horario de los colegios, una vez iniciado el curso, apenas ha tenido 24 horas de vida. La presión ejercida por la unidad de los directores de los colegios ha obligado al Consell a rectificar y desautorizar telefónicamente al responsable educativo territorial, Valero Alías. "Los directores pueden estar tranquilos, vuelven a su horario especial", precisaron ayer desde el gabinete del conseller José Císcar.

La medida que Alías había impuesto 24 horas antes en forma de instrucción a todos los colegios de la provincia suponía ampliar el horario de clases de las tardes, que es de hora y media, a dos horas. Para ello, el director territorial había desautorizado expresamente todas las peticiones de "horario especial" que se vienen concediendo cada curso a los colegios, de forma que las clases se dan de 15.00 a 16.30 horas o bien de 15.30 a 17.00 horas. En cualquier caso, hora y media y no dos horas como pretendía. "Debe ajustar el horario de su centro a la normativa que contempla una duración mínima de dos horas para la sesión de tarde", suscribía Valero Alías en una instrucción que no han redactado ninguno de sus homólogos en el resto de la Comunidad Valenciana.

Pedagogía y organización

Alarmados por las consecuencias que la negativa al horario especial "de toda la vida" tendría en los centros escolares "tanto a nivel pedagógico como organizativo" -como precisa el portavoz del colectivo provincial, Ginés Pérez-, los directores se reunieron ayer por la mañana en Alicante y elevaron tanto a la Dirección General de Ordenación de Centros, como al propio director territorial, un comunicado conjunto en el que solicitan que se mantengan los horarios solicitados.

Entre otras cuestiones, los directores apuntan a que la respuesta de su superior territorial no se ha hecho "en tiempo y forma", porque tenía el plazo de un mes y ha tardado tres meses en contestar. También hacen saber a Educación que "para establecer los criterios pedagógicos más acertados que mejoren el rendimiento escolar de nuestro alumnado" debería convocarse "una comisión" con las tres permanentes de directores de la Comunidad".

De hecho, el cambio de horario escolar, de haber salido adelante la instrucción territorial, únicamente se habría llevado a cabo en la provincia de Alicante, y no en Valencia ni en Castellón. No obstante, desde la Conselleria de Educación descartan considerar esta rectificación como una desautorización en el cargo hacia el director provincial Valero Alías: "Cuando hay una sensibilidad contraria, como lo es el clamor de los directores, se rectifica y no pasa nada", dijeron.

Educación explicó que todo se ha debido a "una aplicación exhaustiva de la norma". Las instrucciones de principio de curso contemplan que "el intervalo entre las sesiones de mañana y tarde será, al menos, de dos horas, a ser posible". El portavoz de los directores, respaldado por la plataforma en defensa de la enseñanza pública, concluye que el actual horario cumple la norma.

La Generalitat aplaza el pago a las universidades de la extra de Navidad

No se trata de un recorte a las universidades, sino de un "aplazamiento". Así se explicó ayer el conseller de Educación, José Císcar, que pospone el pago de la extra de Navidad al año que viene si las universidades no acuden a una póliza extraordinaria de crédito, como ya les pasó el curso pasado. Con motivo de la inauguración del curso del centro católico valenciano San Vicente Mártir, Císcar afirmó que "los rectores conocen el compromiso y voluntad de la Generalitat" de cumplir los pagos, pero que "por motivos de austeridad actuales, se ha acordado un aplazamiento". También anunció 220 millones en ayudas sociales para educación.

Al respecto, la Plataforma por la enseñanza pública reclama medidas efectivas contra el fracaso escolar "y no contradicciones, porque el curso pasado se eliminaron 800 puestos docentes para refuerzo y desdobles". Compromís también advierte que Iberdrola ya ha requerido en Valencia el pago de la luz a algún instituto, extremo al que se llega por el impago del Consell de los gastos para el funcionamiento.