La agonía financiera que atraviesan cientos de empresas de la provincia está reflotando de nuevo el empleo irregular. Al menos, eso se desprende de los últimos datos publicados por el Gobierno central. En el primer trimestre del año, la Inspección de Trabajo ha destapado ni más ni menos que 1.054 infracciones en la provincia. Se trata de la segunda cifra más elevada de todo el país -sólo superada por Barcelona con 1.194 casos- y revela que, como media, los inspectores detectan 11 fraudes diarios. Casi nada.
Esas irregularidades se transformaron en sanciones por un montante global de 1,3 millones de euros -una media de 1.233 euros cada una- y salieron a la luz gracias a las 4.921 inspecciones que se realizaron desde enero hasta marzo. Es decir, que una de cada cinco visitas acabó en multa. Ninguna provincia española arroja guarismos ni tan siquiera similares. Como dato curioso, hay comunidades autónomas que cometieron menos irregularidades que Alicante. Se trata de Castilla y León (913), Canarias (808), Galicia (743) y Castilla-La Mancha (675), entre otras.
De confirmarse esa tendencia alcista de fraudes, las empresas alicantinas deberán hacer frente a sanciones millonarias durante los próximos meses. El motivo es que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó a finales en abril un plan para hacer aflorar el empleo irregular, aquel no declarado por las empresas a la Seguridad Social. La nueva norma tenía como fin el impulso de la economía y la mejora de las condiciones laborales de aquellos trabajadores que no están dados de alta.
Además, el Ejecutivo acordó que las sanciones se ampliaran desde los 626 euros hasta los 3.126 en el caso de las penalizaciones mínimas, y de 6.200 euros hasta 10.000 en las máximas. Esta última cifra queda reservada para aquellas sociedades que no hayan declarado los puestos de trabajo a la Seguridad Social.
Con esta iniciativa estatal, el Gobierno central confía en reducir todo lo posible los miles de millones de euros que se esfuman de sus arcas año a año. De hecho, el fraude por empleo sumergido en la provincia supera los 2.900 millones, según los últimos datos que maneja el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Un estudio del colectivo estima que la tasa de la actividad opaca alcanza en la provincia el 24,5%, dos décimas por encima de la tasa del 24,3% de la Comunidad Valenciana y superior al 23,3% del PIB a nivel estatal. Este porcentaje a nivel nacional "supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes -161.647 millones- proceden del fraude fiscal", reza el informe.
Sea como fuere, el trabajo que la Inspección de Trabajo realizó en la provincia durante el primer trimestre del año permitió que 1.522 personas fueran dadas de alta en el régimen de la Seguridad Social. Una media de 16 al día.
El empleo irregular de extranjeros sigue cayendo
Si los fraudes a la Seguridad Social se han incrementado en el primer trimestre del año cuando los trabajadores son españoles, la tendencia con los extranjeros es otra. Desde que estalló la crisis, las irregularidades de los empresarios a la hora de emplear a ciudadanos foráneos han ido disminuyendo de forma paulatina. En 2008, el primer año completo de la recesión, la Inspección de Trabajo halló infracciones en una de cada tres visitas que realizó a las firmas alicantinas. En total acudió a 1.550 sociedades e impuso 580 sanciones. Desde entonces, las multas fueron decreciendo y en el primer trimestre de 2011 ya sólo se sanciona en una de cada ocho visitas. De enero a marzo se realizaron 455 actuaciones en la provincia y se detectaron 55 infracciones. El Ejecutivo se embolsó por ellas 465.000 euros.
