El Ejecutivo de Francisco Camps dejó casi todo bastante atado a su sucesor, Alberto Fabra, no sólo en el organigrama de la Generalitat, sino también en los presupuestos autonómicos de este ejercicio. El Consell de Camps, quien se vio obligado a dimitir el pasado 20 julio tras ordenar el juez la apertura de juicio por la causa de los trajes, había consumido hasta el 30 de junio buena parte de los fondos incluidos en el capítulo de transferencias corrientes -que engloba las subvenciones a empresas y organismos propios pero también a instituciones al margen de la Generalitat y a particulares- de las cuentas de este año. Hasta un 59,22% -2.140 de los 3.614 millones del presupuesto definitivo- ya tenían beneficiario elegido cuando llegó Fabra al cargo, durante un primer semestre marcado por las elecciones del 22 de mayo. Esta cifra aún sería mayor, alcanzado el 65% del dinero, sobre las previsiones aprobadas por las Cortes, 3.299 millones, ya que el Ejecutivo modificó el presupuesto para elevar las transferencias en 314 millones.

Por contra, el ritmo en la ejecución de las inversiones fue mucho menor. En el medio año analizado, el Gabinete presidido por Camps realizó un tercio -el 34,5%- de la inversión presupuestada, 421 de los 1.221 millones consignados para obras e infraestructuras. Con todo, esta partida se incrementó sobre la marcha, ya que, fijada inicialmente en 664 millones, se aumentó en otros 557.

Los datos figuran en el informe de ejecución sobre la gestión presupuestaria de la Generalitat hasta el ecuador del ejercicio, remitido por la Conselleria de Hacienda a las Cortes. Son las cifras detalladas sobre las que el Ministerio de Economía advirtió el jueves a varias autonomías por rebasar hasta junio el déficit previsto para todo el ejercicio. El Consell registraba un déficit presupuestario no financiero (excluidos los gastos e ingresos relacionados con la deuda e inversiones financieras) de 2.009 millones, el 1,92% de su PIB, cuando el tope era del 0,75% (el 1,3% para todo 2011). El informe de Hacienda revela que, incluidos todos los gastos, el déficit presupuestario global ascendía en junio a 2.511 millones, que es la diferencia entre unos gastos ejecutados de 7.650 millones y unos derechos reconocidos de 5.139 millones.

El viernes, el Gobierno valenciano destacó que, gracias a las medidas de austeridad puestas en marcha hasta junio, el dinero gastado realmente (ejecutado) se redujo respecto a junio de 2010 un 0,97%; sin embargo, la minoración prometida en los presupuestos de este año es del 3,5%. Las previsiones de gasto hasta el 30 de junio podían inducir a la preocupación, ya que el Ejecutivo elevaba el presupuesto respecto a las cuentas aprobadas en diciembre por las Cortes en 1.288 millones, al pasar de un presupuesto inicial de 13.713 millones a unos créditos actualizados al llegar al ecuador del ejercicio de 15.001 millones. El incremento se explica en parte por la incorporación de las inversiones y transferencias del Plan Confianza.

Quizá por la desviación al alza o porque hay más motivos de preocupación en el Consell -el Gobierno no adelantará los 633 millones del Fondo de Competitividad y, tal como está el mercado, la Generalitat tiene difícil sacar los 124 millones que consignó por venta de inmuebles de las conselleiras, 393 incluido el sector público-, en julio Hacienda lanzó un nuevo recorte de 700 millones, adicional a los 1.100 que anunció Camps.