El Consell ejecutó ayer el plan para eliminar puestos de liberados sindicales, un tijeretazo de nada menos que 165 plazas, ocupadas en buena parte por funcionarios que desempeñan labores de dirección en los sindicatos. Tal como adelantó este periódico, el Ejecutivo suprimirá todos los puestos posibles hasta dejarlos en el mínimo legal exigible. Saltan por los aires todos los llamados liberados institucionales, es decir, aquellos que eran fruto de acuerdos que datan de los años 90 y que el Gobierno popular ratificó y mejoró con los años. La decisión comunicada ayer oficialmente a los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Función Pública supondrá, según aseguró el titular de Hacienda, José Manuel Vela, un recorte del 22% y un ahorro de 6 millones de euros al año. Es, alegó, la única vía de reducir el capítulo 1, tras desechar reducir plantilla o retribuciones.

Por otro lado, tal como el conseller había avanzado, se amortizarán 704 puestos. En concreto, eliminará 456 vacantes presupuestadas, pero no cubiertas, amortizará 89 puestos de trabajo de personal que se jubila y no concederá la prórroga a 159 funcionarios en edad de jubilación que habían pedido seguir en activo. Implicará, según el Consell, un ahorro de 25 millones.

Aunque esperado, el ajuste supone un varapalo para las organizaciones sindicales que en algunos casos perderan casi la mitad de sus efectivos. A partir de ahora tendrán que apañarselas con los llamados liberados por horas a los que tienen derecho por ley y que se distribuyen en función de su representación y por los resultados electorales. La FSP-UGT, por ejemplo, tendrá que prescindir de 56 plazas, entre ellas la que ocupa en la actualidad secretario general, Luis Lozano. El sindicato tenía alrededor de un centenar. CC OO, por su parte, pierde 49 cargos sindicales; CSIF, 32 e Intersindical, 26.

Como era de esperar la reunión, convocada por Vela para informar del plan de ajuste en el capítulo de personal, acabó sin acuerdo y con un cabreo generalizado. Eso sí, los sindicatos mayoritarios -FSP-UGT y CC OO- optaron por acusar el golpe sin rechistar conscientes de que en un momento en que la crisis azota a amplias capas de la sociedad poner en primer plano los propios intereses sindicales podría no ser entendido. De ahí que ambas organizaciones pusieron el acento de sus críticas en el plan para amotizar 700 plazas en la Generalitat y en la congelación salarial para los presupuestos de 2011.

El resto de sindicatos, con una estructura más pequeña, si verbalizaron lo que consideran un ataque directo al sindicalismo. Intersindical, que pierde más de un tercio de sus representantes, tuvo una de las intervenciones más duras. Tiene intención de recurrir el acuerdo.

Al término de la reunión, Vela alabó la buena disposición de los sindicatos y la responsabilidad con la que han actuado al tiempo que negó que el Consell pretenda "cercenar" la representación sindical.