Nueve años después de iniciadas las obras del Júcar-Vinalopó y tras doce meses desde que Aguas del Júcar anunciara el final de los trabajos del trasvase que debe llevar anualmente 80 hectómetros cúbicos del Júcar al Vinalopó, l´Alacantí y Marina Baixa, el proyecto ha entrado en un limbo legal y técnico que no podrá resolverse hasta la próxima legislatura, porque tampoco se quiere que afecte a la campaña electoral. La falta de fondos públicos para construir la potabilizadora prometida por el Ministerio de Medio Ambiente, la inexistencia de una cobertura legal para comenzar la distribución de los caudales, las dudas que persisten sobre la calidad del agua que se elevará desde Cullera, y la batalla judicial que mantienen Consell y Ministerio por el traslado de la toma de conexión de trasvase y postrasvase han dejado en barbecho una inversión de 400 millones de fondos públicos (un 30% europeos), en pleno debate sobre la necesidad de ajustar los presupuestos y con las arcas públicas vacías. Paralelamente, y en un último intento de desbloquear la situación antes de la disolución del Parlamento por el 20-N, la Junta Central de Usuarios del Trasvase ha lanzado una nuevo órdago a la Administración y, tras la cumbre del 28 de julio en Monforte del Cid, ha remitido un informe al Ministerio planteándole la recuperación de la toma de Cortes de Pallás (la única que garantiza agua de calidad según los futuros usuarios) pero, ahora, ya en aras a poder llegar a un acuerdo, como una toma complementaria a la del Azud de la Marquesa. Funcionaría sólo cuando las cuencas receptora (Alicante) y cedente (Castilla-La Mancha y Valencia) estuvieran de acuerdo en el precio y la cantidad del agua. Para ello se crearía un banco público del agua en el que las relaciones se llevarían entre los agricultores.
Según el informe remitido a Madrid, el coste adicional de la segunda toma alcanza los 75 millones, pero su amortización sería inmediata. Ahora mismo, la potabilizadora cuesta unos 30 millones de euros a los que habría que añadir entre doce y quince millones anuales del sobrecoste energético por la elevación del agua de Cullera a Villena.
La propuesta de la Junta deja claro que el funcionamiento de la toma complementaria -Cortes- y la principal -La Marquesa- estaría sometido a un riguroso protocolo para garantizar que el agua trasvasada en cada toma sería caudal sobrante, respeto a los caudales ecológicos y prioridad a la toma de Cullera, siempre que las aguas reúnan las condiciones adecuadas para ello, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Respecto al agua almacenada en Villena tras las pruebas del embalse, y que corre el riesgo de evaporarse, la Junta plantea aprovecharla para los usos que para los que se demuestre apta tras los análisis. Para ello, los regantes instan a Gobierno y Consell a que se pongan de acuerdo para conectar trasvase y postrasvase.
La Junta reclamará al Ministerio un nuevo convenio que sustituya al de 2001 y que podría incorporar el aprovechamiento de los futuros caudales de la desaladora de Mutxamel.
Sin solución para el recorte de las 18.000 hectáreas de regadío
Al parón de las negociaciones sobre el Júcar-Vinalopó se une el que los agricultores de la provincia continúen sin encontrar una solución al al recorte de las 18.000 hectáreas de superficie de regadío en producción aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para las comarcas del Vinalopó y l´Alacantí. Una decisión que, según los afectados, provocará unas pérdidas de 220 millones de euros al año al sector, la ruina de infraestructuras de regadío valoradas en 540 millones y la pérdida de mil millones de valor patrimonial de la tierra que pasará de regadío a secano. La consecuencia inmediata será que 35.000 empleos, seis mil directos, desparecerán.
La cumbre del pasado 28 de julio en Monforte del Cid, en la que participaron cientos de regantes y alcaldes de toda la provincia, no ha surgido efecto porque la Confederación del Júcar no mueve ficha. La situación más grave se vive en los municipios de Monforte del Cid, Elche, Novelda, Aspe, La Romana, Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves, que verán reducida a la mitad su agricultura, ya que de las 18.000 hectáreas que se eliminan, nueve mil pertenecen a esos municipios. F. J. B.
