El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, respondió ayer a los recursos presentados por las defensas de los implicados en el caso del Plan General de Alicante y en los que se pide la nulidad de la investigación. Según los escritos de la Fiscalía a los que ha tenido acceso este diario, el fiscal señala que un juez de instrucción no puede decidir sobre la validez de unas escuchas telefónicas, así como que defiende que las indagaciones sobre las supuestas irregularidades en el planeamiento urbanístico de Alicante se llevaran desde un juzgado de Orihuela.
El juzgado de Instrucción número cinco de Alicante investiga en una de las piezas separadas por el llamado caso Brugal si el empresario Enrique Ortiz obtuvo información privilegiada sobre el Plan General de Alicante a cambio de dádivas a cargos públicos, entre los que se encontrarían el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y su sucesora en el cargo, la actual primer edil Sonia Castedo, aunque ambos no están aún imputados formalmente en la causa. A principios de verano, el abogado de Ortiz, el letrado Franciso Ruiz Marco, presentó un recurso en el juzgado para pedir la nulidad tanto por las escuchas como por que los hechos que supuestamente ocurrieron en Alicante fueran investigados desde un juzgado de Orihuela. La petición llegaba cuando aún estaba reciente por parte del instructor en ese último municipio la anulación de una buena parte de las escuchas del caso Brugal.
Las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción presentadas ayer en el juzgado de Alicante a estos recursos bien parecen un mensaje a lo que ha decidido el instructor de Orihuela, Carlos Sanmartín. El fiscal Felipe Briones plantea que un juez de instrucción no puede pronunciarse sobre la validez de las escuchas telefónicas y que, por tanto el escrito de Ortiz, al que se han sumado el resto de las defensas, debe ser desestimado por "extemporáneo". En su opinión, en la fase de instrucción corresponde recopilar el material probatorio y es en el momento del juicio cuando se debe decidir sobre su validez si las defensas consideran que se han violado los derechos de los imputados.
"La decisión del instructor acordando la nulidad de diversas intervenciones telefónicas permitiría el cuestionamiento permanente y la dilación de la solución definitiva de la instrucción", alega el fiscal. Del mismo modo, también aduce que no procede que las decisiones adoptadas por un juez de instrucción sean revisadas por otro de igual rango. Anticorrupción defiende la validez de todas las escuchas y recuerda cómo los distintos instructores que han tenido el procedimiento autorizaron las prórrogas de las intervenciones, "respaldadas en extensos y detallados dictámenes policiales y oficios del ministerio fiscal".
Sobre el hecho de que la investigación del PGOU alicantino comenzara en un juzgado de Orihuela, el fiscal Anticorrupción defendió la competencia de este órgano judicial para investigar los hechos. Según Briones, había una investigación al empresario por delitos contra la Administración Pública. "La sucesiva ampliación de los hechos investigados no ha sido ni caprichosa ni arbitraria, sino que ha sido el propio comportamiento aparentemente delictivo de los imputados el que lo ha hecho necesario", aduce. Para el fiscal, el inicio de la investigación en Orihuela no ha causado indefensión alguna a Ortiz o vulneración de sus derechos fundamentales y se trataría de discrepancias interpretativas sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre los juzgados. Briones argumenta que el hecho de que se hiciera la pieza separada sobre el PGOU buscaba facilitar la defensa del imputado, concretando y simplificando la instrucción.
LOS OTROS RECURSOS
EU se opone al traslado de la causa al juez del plan Rabasa
Los abogados de EU y del PSOE también presentaron sus escritos al juzgado rechazando tanto las peticiones de la nulidad de las escuchas, como que se haya vulnerado a qué juez le correspondía investigar los hechos. El abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, rechazó en su escrito que la causa del PGOU pase al juzgado de Instrucción número seis de Alicante, que fue el primero en recibir una pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por Ortiz y que acabó archivada. Para Romero, el juez de Orihuela desconocía que esas diligencias sobre Rabasa hubieran sido cerradas y que todos los hechos que se conocieron fueron en el contexto de la investigación a Ortiz sobre el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja. Para Romero nada tienen que ver los hechos investigados en el plan Rabasa con las irregularidades del Plan General. El fiscal también sostiene que esta segunda investigación es más amplia. J. A. M.
