El Gobierno aprobó ayer el texto refundido de la Ley de Puertos que obliga a que el Puerto de Alicante, al igual que el resto de autoridades portuarias, deba cerrar todos los años con una rentabilidad anual mínima del 2,5%. Se abre así la puerta a una profunda remodelación del sistema portuario español que puede terminar en concentraciones que lleven a los deficitarios a depender de los más grandes. En el caso de Alicante, de Valencia. f. j. b.
