Enfermos de cáncer han denunciado las dificultades con las que se han encontrado los últimos días para conseguir determinados medicamentos para tratar su enfermedad. Según estos pacientes, algunas farmacias de la ciudad de Alicante han dejado de comprar fármacos de elevado coste debido al retraso de la Conselleria de Sanidad en abonárselos.

Fuentes del sector farmacéutico confirmaron ayer esta situación. Aunque no se trata de una medida generalizada, estas fuentes sí que aseguraron que hay algunas farmacias en la ciudad de Alicante que se niegan a comprar estos medicamentos, cuyo coste puede ascender a 1.000 euros, debido al gran desembolso, al tiempo que tardan en recuperar ese dinero y al escaso margen de beneficio que los farmacéuticos obtienen por la venta de estos productos. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Alicante, su presidente Jaime Carbonell aseguró ayer no tener constancia de esta situación, "aunque no quiere decir que haya alguna farmacia que lo esté haciendo porque se trata de fármacos muy caros". En todo caso, Carbonell se mostró totalmente contrario con esta medida, "porque nuestra obligación es estar con el paciente para lo bueno y para lo malo".

Fuentes hospitalarias señalaron ayer que se trataría de casos aislados ya que la práctica totalidad de los fármacos que requiere un paciente con cáncer que es tratado en el Sistema Nacional de Salud se dispensan a través de las farmacias de los propios hospitales públicos, que no están sufriendo ningún tipo de desabastecimiento de esta clase de medicamentos.

El sector de las farmacias ha denunciado en los últimos dos años la precaria situación en la que se encuentra debido a los recortes del Gobierno central para reducir la factura farmacéutica y al retraso de la Conselleria de Sanidad en pagarles. Precisamente, los representantes de los tres colegios profesionales de la Comunidad Valenciana han pedido una reunión urgente con los consellers de Sanidad y Hacienda para analizar cuál es la situación después de saber que el Consell baraja ampliar a 90 días el periodo de cobro frente a los 35-40 días actuales. Una medida que Jaime Carbonell calificó esta semana de "insostenible" para un sector que da empleo de manera directa a 5.000 personas.