El juez de guardia dejó ayer en libertad con cargos a los tres detenidos por supuestos amaños en las obras del Plan E adjudicadas desde la Concejalía de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante. Como ya adelantó este diario, los arrestados son un funcionario y dos empresarios de mercantiles adjudicatarias de estos trabajos. La causa se ha abierto por presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, aunque los cargos que finalmente se atribuyan a los imputados dependerán del desarrollo de las investigaciones. Los tres arrestados se acogieron a su derecho a no declarar en su comparecencia judicial, al igual que hicieron durante su interrogatorio el jueves en la Comisaría, alegando que no conocían qué hechos se les imputan, dado que la causa sigue bajo secreto de sumario.
Al técnico municipal e ingeniero de Obras Públicas José L. M. se le imputa haber facilitado información privilegiada a las mercantiles investigadas sobre los concursos, así como haber firmado como propios los proyectos municipales redactados por los propios empresarios que después optaban a hacer esas obras y que se garantizaban una adjudicación a medida. Las posibles prebendas que pudo recibir el funcionario es algo que deberá determinar una investigación que ha partido de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción presentada hace tres años por el grupo municipal socialista.
Según las fuentes consultadas por este diario, la investigación se ha centrado en determinar la estrecha relación del técnico municipal con las empresas investigadas: Becsa (una filial de la antigua Lubasa) y CCMS (Civil de Construcción, Mantenimiento y Servicios SL). De hecho, la hija del funcionario asistió como abogada, tanto ayer como el jueves, en el Juzgado y en Comisaría, a uno de los empresarios. Por su parte, el funcionario estuvo asistido por el letrado Antonio Poveda, que suele representar al Ayuntamiento en otras causas penales. El letrado señaló que representaba al detenido de manera particular y al margen del Consistorio.
A lo largo de las diligencias, el técnico ha llegado a tener el teléfono intervenido, por lo que buena parte de la investigación se basa en las escuchas telefónicas. La investigación policial ha corrido a cargo de los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.
Fuentes cercanas al caso señalaron que algunos de los proyectos que están bajo el punto de mira de la investigación son las obras de la Explanada, las de la Plaza de la Montañeta, así como los trabajos para el soterramiento de cuarenta contenedores en el Casco Antiguo de Alicante. Se trata de proyectos que se han financiado a través del llamado Plan E, uno de los planes de choque del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de combatir la crisis. Las mercantiles investigadas han podido percibir del Ayuntamiento más de cinco millones de euros por distintos trabajos.
Los tres arrestados pasaron ayer a disposición del juzgado de Instrucción número seis de Alicante, en funciones de guardia. Poco antes de que empezaran los interrogatorios, los abogados defensores advirtieron al juez que sus representados se iban a acoger al derecho a no declarar, al desconocer por qué hechos concretos se les está acusando. El magistrado no adoptó ninguna medida cautelar contra ellos, salvo la obligación de no cambiar de domicilio. Los arrestados abandonaban el Palacio de Justicia poco después de las 14.00 horas de ayer acompañados por sus abogados y rehusaron hacer declaraciones sobre la operación policial. La causa pasará ahora al juzgado de Instrucción número dos de Alicante, que podría volver a llamar a todos los imputados a declarar una vez que se levante el secreto del sumario. Fuentes cercanas al caso señalaron que esta diligencia se llevará a cabo una vez que el Ayuntamiento haya entregado toda la documentación que le han requerido desde el juzgado. Concretamente, el magistrado le ha pedido una relación de obras y servicios de todos los proyectos informados desde enero de 2006 por el técnico detenido desde su puesto en la concejalía de Atención Urbana.
Becsa respeta la investigación pero niega irregularidades
La mercantil Becsa, una de las empresas investigadas la Fiscalía Anticorrupción, aseguró ayer desde su sede central de Castellón que respeta las investigaciones pero negó haber cometido alguna irregularidad. El detenido desempeñaba para la empresa el cargo de jefe de obras, según las mismas fuentes. Becsa es una filial de la antigua Lubasa dedicada a la captación de obra pública. La mercantil ha estado asociada a otros escándalos de supuesta corrupción como es el caso Gürtel y el de las facturas falsas de Terra Mítica. En ambos casos, la empresa también ha negado haber cometido cualquier tipo de irregularidad. J. mestre/ j. a. m.
