Todas las conversaciones grabadas por la Policía Judicial a los principales protagonistas de la trama del caso Brugal en Orihuela desde enero de 2008 hasta mayo de 2010 han sido anuladas. Era el principal material que sostenía el caso tras tres años y medio de investigación. Aunque las defensas están ahora destripando el auto de 160 folios, lo que se interpreta del mismo es que se anula la prórroga de las intervenciones telefónicas y todas las diligencias de investigación posteriores a Antonio Ángel Fenoll, hijo del empresario, y por extensión de los mismos criterios, a los exconcejales Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez y Manuel Abadía. No se pronuncia en el caso de Ángel Fenoll padre porque la mayoría de sus conversaciones están intervenidas a través de otros interlocutores. También se anulan desde el 13 de mayo de 2008 todas las conversaciones grabadas al principal intermediario de la trama, el empresario Rafael Gregory, omnipresente tanto las negociaciones de la contrata de basuras como en la adjudicación del llamado plan zonal. Según fuentes cercanas al caso esa decisión adelgazará el principal informe policial sobre este ultimo asunto en casi seiscientas páginas.
Prórrogas no motivadas
El juez explica que las prórrogas de las intervenciones telefónicas no están motivadas porque los autos debieron explicar por qué se ampliaban los pinchazos telefónicos. En esas resoluciones no se decía que habían aparecido nuevas líneas de investigación ni se alertaba al juez de su existencia. Nuevos asuntos que hubieran exigido un desglose de las causas, al margen de la principal, en el momento de producirse.
No obstante, lo que el juez "salva" de la investigación en el caso de la contrata de las basuras en Orihuela no es baladí y comprende desde los presuntos pagos del empresario Ángel Fenoll al exedil Jesús Ferrández para que condicionara el resultado de la contrata de basura en el Ayuntamiento, a la difusión de las grabaciones de los encuentros entre Fenoll y el citado exregidor que demuestran el amaño del concurso y que dinamitaron aquel procedimiento en 2006; pero también la investigación de la ayuda electoral que el empresario supuestamente ofreció a Mónica Lorente y al Partido Popular en las elecciones municipales de 2007 y los primeros trámites impulsados por el industrial entre septiembre y diciembre de ese año con su entorno de confianza para hacerse con la nueva contrata de basuras a través de empresas interpuestas.
En este punto la policía sumó a los pinchazos telefónicos una exhaustiva aportación documental que demostraba cómo Ángel Fenoll se hizo con la propiedad de sociedades con escasa actividad para presentarse de forma encubierta a la contrata de las basuras, lo que permanecerá en la causa. Atendiendo al recurso de Jesús Ferrández el juez advierte además de que se procederá a estudiar si las cintas que aportó Ángel Fenoll a la causa y que fueron el detonante del Brugal, pasando el empresario de denunciante a denunciado, están manipuladas como sostiene el exconcejal. Lo hace en enero de 2008, justo en el momento de la investigación en el que se comienza a hablar del pliego para la presentación de la nueva oferta. Desde ese punto hasta el desenlace de la operación Brugal en julio de 2010 el juez anula todos los pinchazos telefónicos estimando los recursos de varias de las partes personadas, incluyendo las conversaciones para cerrar la adjudicación de la contrata en septiembre de 2008.
El auto no anula conversaciones de otros imputados como el gerente de Sufi, quien reconoció de extractos del propio sumario cuando acudió a declarar, que sí las mantuvo con los implicados en la trama. Aunque el juez invalida de hecho, según interpretan las partes personadas, las investigaciones abiertas por las consultas realizadas por Ángel Fenoll a un juez para que le asesorara en una de sus causas, la relacionada con otra búsqueda de asesoramiento que hizo a un funcionario sobre irregularidades fiscales y una última vinculada a un delito medioambiental que describía un enterramiento de basuras cercano al vertedero de Proambiente (si bien otros juzgados investigan asuntos similares a este último hecho).
Ida y vuelta
El juez asumió nueve asuntos desglosados de la causa principal tras inhibirse los juzgados de Orihuela en los que habían recaído. Ahora acepta un recurso por el que se deja sin efecto el auto de 2007 en el que se incluían todas estas "tramas" en un mismo procedimiento, y vuelve a remitir las nueve investigaciones al decanato de los juzgados de Orihuela para que resuelva qué hacer con ellos.
El primero de ellos es la investigación de las denominadas "gaviotas", supuestos documentos de extorsión dirigidos por el entorno de Fenoll a dirigentes del Partido Popular con información de políticos locales. Otro es el asunto de "Las Algas", en el que aparece un letrado y exedil del PP recibiendo supuestamente un fajo de billetes por parte de Ángel Fenoll, y el tercero investiga irregularidades "en los caminos de la planta de Proambiente". También se remiten al juzgado los denominados "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de la Horadada" y "Jacarilla", que investigan por separado la presunta recepción de ayudas en forma de dinero procedente de Ángel Fenoll y de su hijo por parte de alcaldables y alcaldes del PP en esos municipios en la precampaña 2007, y solicita que sea el decanato el que decida sobre la investigación abierta por supuestos pagos de Fenoll al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez, para que adelantase el abono de la deuda que este municipio mantiene por el servicio de recogida de basura. Ninguna de estas causas, en las que apenas se ha avanzado en su esclarecimiento desde que se levantó el secreto de sumario en septiembre de 2010, está incluida en la anulación de las escuchas resuelta por el juez.
