El Plan Rabasa no se incluirá en las investigaciones abiertas por el Plan General de Alicante, según se desprende de un auto firmado por el magistrado encargado de este caso, Manrique Tejada. El motivo esgrimido es que para indagar en las supuestas irregularidades cometidas en ese plan parcial ya se abrió una pieza separada para su instrucción de manera independiente y que recayó en otro juzgado. Este último magistrado de este órgano archivó las diligencias el 6 de mayo de 2008 al considerar endebles los indicios de delito denunciados. El auto firmado ahora por el juez Tejada establece que de aparecer nuevos indicios delictivos que obligaran a reabrir la investigación, ésta debería corresponder al otro juzgado.
Esquerra Unida, personada en la causa como acusación particular, ya ha anunciado que pedirá al juzgado que mantenga unidas estas investigaciones, ya que se trata de "hechos conexos". Esta formación ya ha anunciado que presentará una ampliación de querella para que Rabasa se incluya en la investigación.
El plan Rabasa se tramitó al margen del Plan General de Alicante. El sumario del caso Brugal recoge multitud de conversaciones del empresario Enrique Ortiz dando instrucciones a los técnicos municipales sobre cómo actuar en el Plan Rabasa y coordinando su actuación para evitar una paralización del plan.
Sin embargo, todas estas conversaciones son anteriores a la fecha en la que la juez de Orihuela que se encargaba de la investigación del caso Brugal en abril de 2008 decidiera abrir una pieza separada por Rabasa y enviarla a Alicante para que se investigara de manera independiente. El asunto recayó en el juzgado de Instrucción número seis de Alicante que archivó las diligencias y consideró que "el secreto de las comunicaciones no puede ser desvelado para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos".
En las conversaciones interceptadas cuando se abrió esta pieza se citaba al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el diputado, Carlos Mazón, cargos que no han tenido nada que ver con la tramitación del polémico plan. Sin embargo, tras el archivo del caso, Ortiz siguió con el teléfono intervenido por el juzgado de Orihuela y se vinieron detectando nuevas presuntas irregularidades en el Plan Rabasa.
Al conocer la existencia de esta otra investigación, el magistrado Tejada hizo una consulta al fiscal sobre qué juzgado debía asumir Rabasa. En un auto fechado en abril de este año, finalmente, el juez establece que en caso de surgir nuevos datos este plan deberá enviarse al otro juzgado.
Por otro lado, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal han empezado a recabar al Ayuntamiento de Alicante datos sobre los planes urbanísticos en los que Ortiz pudo salir beneficiado. Concretamente se han solicitado los porcentajes de Viviendas de Protección Oficial aprobados para el PAU3, el APA9 y el sector Pino Ruaya. El sumario del caso Brugal recoge varias conversaciones del empresario Enrique Ortiz en las que asegura que hay un pacto con el Ayuntamiento para no hacer VPO en esas actuaciones.
El juzgado recibe un informe policial del patrimonio de Castedo
Agentes de la Policía Judicial entregaron ayer al juez instructor del caso del PGOU el informe policial solicitado por el magistrado sobre el patrimonio de la alcaldesa para saber si éste se ha incrementado en los años que coinciden con todas las fases de tramitación del Plan General.
Según fuentes consultadas, el contenido del mismo puede ser, incluso, beneficioso para Castedo al no detectarse irregularidades en sus ingresos. El juez ordenó también a la Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF) y Delincuencia económica otras diligencias de las que está a la espera. El mismo día que el juez Tejada levantó el secreto de sumario -el pasado viernes 3 de junio- dio 20 días de plazo a la Policía para entregar estas diligencias aclaratorias para la investigación. P.C./S.LL.
