Concentrarse en los accesos a las Cortes es delito. Al menos, eso aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, apenas unas horas después de las cargas policiales que se vivieron en la entrada al hemiciclo. El dirigente apuntó que la acción de los indignados fue "doblemente ilegal", porque también consideró como delito tratar de impedir que los diputados entren en el parlamento. Con todo, el subdelegado del Gobierno quiso precisar que no hubo "cargas" policiales, sino "identificaciones". Y eso, que los manifestantes "han ofrecido resistencia". De ahí que justificara la labor policial. "Los agentes tienen algunas obligaciones que cumplir", apostilló.
La delegada del Gobierno en la Comunidad, Ana Botella, vino a decir lo mismo, aunque con distintas palabras. "La protesta no estaba comunicada y por tanto estaba fuera de la legalidad", dijo. La que también quiso suavizar el suceso fue la Policía. Un portavoz negó que se produjeran cargas contra los indignados y explicó que los enfrentamientos se desencadenaron tras del lanzamiento de un objeto a la zona en la que se encontraban los policías.
La que ofreció una visión diametralmente opuesta fue la diputada de Compromís Mónica Oltra. Se enzarzó en una trifulca dialéctica con Martínez y le replicó Martinez que no existen"manifestaciones ilegales". Acto seguido le quiso trasladar que según varios testigos presenciales, "un policía sin identificar ha pasado detrás del cordón y ha empezado a dar palos a una señora indefensa que no tenía nada que ver con la manifestación. Y los concentrados han intentado evitarlo". La coordinadora general de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, calificó de "absolutamente desproporcionada e injustificada" la actuación de la Policía y reclamó la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunidad.
El grupo parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, a través de su portavoz, Rafael Blasco, mostró ayer su "condena" a todas las actuaciones que atentan contra la democracia y la libertad. "Es un hecho que no hace más que desprestigiar la calidad democrática", sostuvo.
