La Fiscalía considera que los supuestos beneficios que Ortiz obtuvo debido a la información privilegiada que, presuntamente, manejaba incluso antes de salir a exposición pública el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) son innecesarios a la hora de considerar si hubo delito por parte de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde Luís Díaz Alperi. Según fuentes consultadas por este diario, la revelación de secreto o información privilegiada puede ser un delito al margen de que si se usó para el beneficio de un tercero, éste consiguiera o no aprovecharse de la misma. La presunta comisión de un delito de revelación de información privilegiada y de tráfico de influencias atendiendo al Códido Penal supondría desmontar la argumentación que mantiene la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien ha sostenido en sus declaraciones públicas sobre el caso Brugal que no puede haber información privilegiada porque Ortiz no se ha beneficiado del Plan General. El exalcalde Díaz Alperi ha manifestado que, incluso, el PGOU le perjudica. La comisión de un delito por facilitar información privilegiada y por tráfico de influencias no va aparejada a la necesidad de usar estos datos por parte del receptor, aunque sí podría influir en la petición de la pena.
El Código Penal contempla como delito el uso de información privilegiada, así como el de tráfico de influencias, al margen de si un tercero se benefició de su objetivo con la información aportada. En caso de que hubiera habido un aprovechamiento, la pena por estos delitos se aplicaría en su rango superior.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, solicitó en un escrito firmado el 10 de junio de 2010 al juez que instruye el caso, Manrique Tejada, la imputación de 24 personas por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante. Concretamente, el fiscal considera que Castedo y Alperi pudieron incurrir en un delito por revelación de información privilegiada, así como otros dos por tráfico de influencias y de cohecho. El fiscal basa estos indicios en los distintos informes policiales elaborados a partir de las escuchas telefónicas interceptadas, unos polémicos pinchazos debido al tiempo que permanecieron activos. La estrategia de las defensas pasa, de hecho, por pedir la anulación de las escuchas.
Según Briones, las conversaciones revelan que Alperi asesoró y facilitó información privilegiada a Ortiz sobre la tramitación del Plan General y sobre terrenos que tenía que adquirir para luego ser compensado con aprovechamientos previstos en el citado Plan. En cuanto a la alcaldesa, sostiene que facilitó información privilegiada a Enrique Ortiz en reuniones que ambos mantuvieron en "numerosas" ocasiones. Las pesquisas apuntan a que Castedo pudo ayudar a Ortiz a obtener un plano del PGOU y que medió ante el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada, -ya imputado formalmente por el juez- para favorecer, presuntamente, los intereses del empresario.
El redactor del PGOU será el primero en declarar ante el juez Tejada de la lista de más de 20 personas para las que el fiscal Anticorrupción pide su imputación en esta causa. Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos S. L., empresa a la que el ayuntamiento encargó la redacción del nuevo PGOU. En su escrito, el fiscal le atribuye supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.
Por otra parte, según ha podido saber este diario, la Fiscalía está planteando nuevas imputaciones por cohecho impropio en base a los regalos presuntamente aceptados por varios cargos públicos.
El juez mantiene que los aforados deben declarar ante el TSJ
El juez encargado de la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU mantiene que tanto Alperi como Castedo son aforados y que, por tanto, el tribunal competente para tomarles declaración es el TSJ de la Comunidad Valenciana. Fuentes de esta institución señalan que no es posible que los aforados declaren en Alicante ya que no es una opción, sino una cuestión marcada por una normativa. Según ha podido saber este diario, la Fiscalía apuesta porque sea el juez Tejada quien se haga cargo de las declaraciones, aunque luego remita la causa al tribunal autonómico. La fiscalía tendría que solicitar formalmente al juez que las declaraciones se lleven a cabo en Alicante. Para ello, estudia remitirse a jurisprudencia que sostenga esta instrucción. s.ll.
