El aumento de los enganches ilegales al fluido eléctrico en la ciudad será analizado hoy por jueces y policías en la reunión que cada año celebra la Comisión de Policía Judicial. El objetivo es mejorar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad y el poder judicial. Cerca de una treintena de vecinos de la zona norte de la ciudad han sido llevado ante el juzgado tras el último operativo contra estas conexiones clandestinas. Los infractores se conectan a la red general o al contador de una comunidad de propietarios para evitar el pago del recibo de la luz. A lo largo de este año, Iberdrola está desarrollando toda una cruzada para tratar de erradicar estas prácticas defraudatorias, motivo por el que se han realizado varias operaciones en la zona norte de la ciudad, especialmente en la barriada de Juan XXIII Segundo Sector.
En la reunión de hoy estarán presentes el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, el juez decano, Juan Carlos Cerón, el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, así como representantes de la Comisaría, la Guardia Civil, Policía Local, así como el Ayuntamiento de Alicante e Iberdrola.
El Código Penal considera en su artículo 255 la defraudación de fluido eléctrico como un delito que atenta contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Cuando el montante económico del consumo ilegal de luz supera los 300 euros el infractor se expone a una pena de prisión entre 3 y 12 meses.
Desde la Comisaría se estima que el fraude cometido hasta el momento con los enganches ilegales ha supuesto para la compañía Iberdrola un perjuicio económico de unos 11.000 euros, importe que puede aumentar conforme sigan las inspecciones de viviendas y se detecten nuevos casos.
Hace cuatro años la compañía Iberdrola detectó un millar de casos de fraude y en 2008 los enganches ilegales se duplicaron. Durante 2009 la cifra se disparó a 8.000 en toda la Comunidad Valenciana y previsiblemente durante la reunión se conocerán algunos datos relativos al fraude en 2010.
En la reunión también está previsto abordar el problema de los "okupas" y estudiar si el fenómeno ha subido como consecuencia del actual periodo de crisis económica. Durante el encuentro, la Policía planteará también a los magistrados otras dudas legales con las que se encuentran diariamente a la hora de efectuar su labor. Durante los últimos años, los protocolos que se deben seguir para pedir intervenciones telefónicas y órdenes de registro han centrado la comisión.
