Suspendido durante tres meses por aprovecharse de su condición de guardia civil de Tráfico para apropiarse del remolque de un conductor al que paró. El Tribunal Supremo ha ratificado el cese de funciones temporal impuesto a un agente del Destacamento de Tráfico de Alicante, que se apropió del remolque que transportaba un conductor al que paró días antes en la CV-86, dentro del término municipal de Elche.

La Sala de lo Militar del Supremo ha confirmado que el agente Alejandro J.G. cometió una falta muy grave de "abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la administración" al haber sido detenido como supuesto autor de delitos de cohecho y apropiación indebida.

Así consta en una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Pignatelli, en la que se rechaza el recurso de casación que el miembro del Instituto Armado presentó contra la resolución dictada en julio del pasado año por el Tribunal Militar Central, en virtud del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar a las 10.55 horas del 13 de febrero de 2010, cuando una patrulla de Tráfico ordenó a un conductor que detuviera su vehículo a la altura del kilómetro 13,100 de la carretera CV-86, en la Vía Parque de Elche. El guardia civil formuló entonces una denuncia por no haber pasado la ITV correspondiente y otra por el mal acondicionamiento de la carga.

Según la sentencia, el agente informó al automovilista de que su remolque carecía de la documentación oportuna y que, si se lo entregaba a él, se encargaría de llevarlo a un centro de destrucción, dado que el coste de la denuncia en caso contrario iba a ser muy superior al valor del remolque.

El conductor, en compañía de su mujer, se citó con el guardia civil a las 16.00 horas de ese mismo día en el parking del centro comercial Carrefour de Torrevieja para darle el remolque. Sin embargo, la pareja se sorprendió cuando el agente, de paisano y fuera de servicio, no les hizo entrega de ningún justificante que acreditara la intervención.

Después de que el conductor decidiera interponer la correspondiente denuncia, el Instituto Armado encontró su remolque en el garaje particular del agente denunciado. El director general de la Policía y la Guardia Civil acordó entonces la medida cautelar de cese en funciones por tres meses.

El fallo judicial del Tribunal Supremo dictamina que hay base para afirmar "que, objetivamente, la presunta actuación del demandante ha perturbado la disciplina y ha ocasionado perjuicio al servicio".

"Los ciudadanos tienen derecho a confiar en que los integrantes del Cuerpo actúen con honradez y pleno respeto al ordenamiento jurídico", expresa la resolución judicial, que indica que este agente de la Benemérita intentó aprovecharse de las infracciones denunciadas para obtener "un ilícito beneficio económico o lucro personal, atentando, aparentemente, contra la lealtad y buena fe que un servidor público debe a la Administración".