Una de las deficiencias que el Síndic resalta es la ausencia de un plan de coordinación entre las distintas administraciones públicas como Justicia, Sanidad o Bienestar Social. El Síndic de Greuges, José Cholbi, denuncia que ya no se publicita el número de menores que tiene que ser atendido por cada educador para garantizar la efectividad de la medida educativa. Cholbi denuncia que el Consell ha dejado de publicitar en las órdenes emitidas por la Conselleria de Justicia cuántos adolescentes como máximo debe atender cada educador. Insinúa que seguir publicitando estas ratios supondría aceptar que hace falta más presupuesto para habilitar plazas teniendo en cuenta que estos ratios se están disparando al haber más condenas en menores.

La secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, recordó ayer a través de un comunicado que, según los datos de la Fiscalía de 2009, hubo un aumento del 10,4% de los menores condenados con respecto a 2008, así como un aumento del 13,54% de las infracciones penales cometidas por menores. Además, en el ámbito familiar destacó el aumento de las denuncias de progenitores por maltrato físico o psíquico por parte de sus hijos. La mitad de los menores infractores que han agredido a sus padres (el 81% de las víctimas son madres) viven en un entorno violento y son educados de manera permisiva.

Desde CC OO, el responsable de comunicación, Salvador Roig, señala que el informe del Síndic es «demoledor y deja al descubierto las carencias de medios, la falta de coordinación y programas entre las diferentes administraciones con competencias legales en la materia y, por tanto, la irresponsabilidad de la Conselleria de Justicia en la gestión de estos servicios». «Estamos hablando de jóvenes que han cometido delitos y que necesitan ayuda y programas específicos de calidad que permitan la rehabilitación y la integración social», añade Roig.