Las tensiones de liquidez en el seno de la Generalitat Valenciana le están obligando a recurrir a la deuda a corto plazo para atender compromisos financieros y de gasto. La Administración autonómica, bajo mando de Francisco Camps para un tercer mandato, arrancará así la próxima legislatura bajo la estela de las emisiones deuda. Unas operaciones realizadas hasta marzo por valor de 1.111,2 millones de euros que se enmarcan en el programa de pagarés Euromercado con el objetivo de obtener recursos con los que afrontar pagos y cumplir en abril con vencimientos de crédito del mismo programa por importe de 559,07 millones de euros. El volumen de este tipo de pagarés, que se negocian en los mercados mayoristas, es casi 300 millones de euros inferior al del primer trimestre de 2010, cuando el recurso a los pagarés alcanzó los 1.414 millones de euros. No obstante, el pasado ejercicio, el Consell debía afrontar en el siguiente trimestre vencimientos del mismo producto financiero por casi 1.500 millones de euros.

La búsqueda de financiación en los mercados de deuda a corto plazo ha sido la tónica predominante en la gestión del Consell durante el primer trimestre del año. Hasta marzo no colocó ni bonos, ni obligaciones. Fue a partir de abril cuando pudo acceder a los mercados institucionales colocando 400 millones de euros entre inversores mayoristas.

A principios de mayo, la Conselleria de Economía que dirige Gerardo Camps volvió a apelar al ahorro de los inversores particulares con la intención de obtener 900 millones de euros a través de los denominados "bonos patrióticos". Finalmente sólo logró vender 720 millones de euros. Una señal de que el mercado minorista parece estar agotándose, toda vez que entre Cataluña y la Comunidad Valenciana han emitido en apenas medio año 8.000 millones de euros en bonos destinados a particulares.

Estado de la tesorería

Las tensiones de liquidez quedan patentes si se analiza el estado de tesorería de la Generalitat valenciana a 30 de abril, que ayer se hizo público en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. El saldo de tesorería es positivo, de 485,3 millones de euros. Pero esto es gracias a que la Administración autonómica terminó 2010 emitiendo 1.500 millones de euros de deuda a través de bonos patrióticos. En diciembre de este año deberá devolver el dinero con los correspondientes intereses. Sin computar estos fondos, el balance neto de cobros y pagos arroja un resultado negativo de 126 millones de euros. Pero el déficit de caja alcanza los 1.040 millones de euros si se excluyen las operaciones no presupuestarias. A través de este tipo de operaciones, la Generalitat Valenciana había ingresado hasta marzo un total de 4.216 millones y había afrontado pagos de 3.302 millones, medio billón de las antiguas pesetas.

Dejando al margen estas operaciones el saldo releva problemas para atender los compromisos presupuestarios. Los ingresos corrientes fueron de 3.197,2 millones de euros frente a 3.484 de pagos corrientes. Otro problema añadido proviene de los retrasos en la ejecución presupuestaria de ejercicios anteriores. El estado de tesorería de la Generalitat a 30 de abril recoge unos ingresos de presupuestos cerrados de 208 millones de euros, frente a unos pagos que superaron los 961 millones. Y el Consell todavía tiene facturas impagadas por centenares de millones de euros, tal como han evidenciado las quejas de contratistas y proveedores, especialmente los sanitarios. La Generalitat arrastra una deuda bancaria que supera los 20.000 millones y pagos aplazados, según la oposición, por unos 53.000.