El juez que investiga supuestas irregularidades en la confección del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Manrique Tejada, analiza más de 3.000 alegaciones al Plan General que se tramitaron en el despacho del hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo, y su socio de bufete, el abogado y exedil socialista Javier Gutiérrez. Estos archivos se encuentran en los discos duros de los ordenadores que se incautaron en el registro llevado a cabo en la oficina del despacho Salvetti Abogados el pasado 14 de abril.

El titular del juzgado de Instrucción número cinco ha solicitado un primer volcado de todos los archivos que contienen alegaciones al PGOU de los que se están seleccionando los que guardan relación con la causa que investiga supuestas irregularidades en la confección del planeamiento urbanístico. El juez que instruye la causa, desgajada del caso Brugal, investiga si informes elaborados por el hermano de la alcaldesa y el exedil del PSOE favorecieron a Enrique Ortiz.

Tanto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía como el magistrado, junto al letrado de ambos socios -que solicitó su presencia para evitar incorporar a la causa documentos que puedan afectar a la intimidad de los clientes del despacho de abogados- analizarán todos los archivos vinculados al PGOU detectados en los discos duros, de los que la mayoría son, de momento, alegaciones. El magistrado debe decidir cuáles se incorporan finalmente a la causa y que no invadan el derecho a la intimidad de los clientes del despacho, ya que en el registro se volcó el contenido íntegro de los discos duros.

La defensa de los letrados, hasta ahora, no ha impugnado la incorporación a la causa de ninguno de los documentos, aunque para finalizar este "trabajo de chinos", que consiste en estudiar uno a uno todos los archivos de los ordenadores requisados para ver cuáles se incorporan a la causa, todavía quedan al menos tres días más de la semana que viene. El final de este examen marcará el levantamiento del secreto del sumario, algo que finalmente no se ha producido en plena campaña electoral.

Entre estos documentos se buscan pruebas que intenten sostener la tesis de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción de que ambos trabajaron en pro de Enrique Ortiz a través de la emisión de informes y de la resolución de alegaciones.

Salvetti Abogados y Consultores, el despacho que comparten José Luis Castedo y Javier Gutiérrez en la céntrica calle Castaños trabajó como colaborador externo con el equipo de redacción del Plan General, que empezó a tramitarse siendo Sonia Castedo edil de Urbanismo y bajo la dirección de Jesús Quesada, para quien el fiscal también solicita su imputación. Quesada contrató los servicios del despacho para resolver las alegaciones que se presentaban ante el planeamiento urbanístico al carecer el gabinete técnico de un equipo de juristas, según fuentes consultadas. Anticorrupción considera que ambos podrían ser autores de presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y asesoramiento ilegal.