Si en la anterior legislatura, con unas cifras de crecimiento económico de récord y todo a favor, la deuda la Generalitat Valenciana ya se incrementó en más de un 40%, no es de extrañar que Francisco Camps cierre su segundo mandato al frente del Consell con un aumento del 55% en el montante de facturas pendientes y con el dudoso honor de presidir la autonomía con mayor nivel de endeudamiento en relación a su PIB de todo el país, empatada con Cataluña.

En concreto, según los datos del Banco de España, entre la deuda directa de la Generalitat y la de sus empresas públicas dependientes, el montante total asciende a 20.668 millones de euros, 7.354 más que en 2007. Y esto sin tener en cuenta los retrasos en el pago a los proveedores y otra serie de conceptos que no contabiliza el Banco de España en sus balancez.

En términos absolutos, sólo Cataluña presenta una deuda aún mayor, de 39.697 millones de euros, pero en proporción a su PIB el nivel de endeudamiento es el mismo que en la Comunidad Valenciana.

Durante buena parte de la legislatura la Generalitat se ha defendido denunciando que el sistema de financiación autonómico no reconocía el aumento de población registrado desde el año 2002, cuando entró en vigor el denominado "modelo Zaplana", lo que dejaba fuera del presupuesto a cientos de miles de ciudadanos. El sistema cambió en 2009 pero no será hasta el presente ejercicio cuando sus efectos se dejen notar plenamente.

La situación se ha deteriorado hasta tal punto que las asociaciones empresariales de la autonomía, normalmente poco críticas con la Administración regional, no han dudado en reclamar a Camps soluciones ante la falta de pagos del Consell. Y lo que hizo la Generalitat es seguir endeudándose. Primero con una emisión de 1.000 millones que obligó a asumir a las dos principales cajas de la autonomía, la CAM y Bancaja, a pesar de la delicada situación por la que estas atravesaban.

Cuando este grifo se cerró, al estar inmersas ambas en el proceso de reestructuración del sector, recurrió a la imaginativa fórmula de los "bonos patrióticos" que había abierto unos meses antes el Gobierno catalán. Así, a finales del año pasado colocó 1.500 millones de euros entre inversores particulares, pagando un 4,75% de interés, y ahora intenta colocar una segunda ronda con la que quiere ingresar otros 900 millones.

El Ejecutivo de Camps también puso en marcha lo que denominó "planes de austeridad" que, según sus cálculos, le permitirán ahorrar este año 684 millones de euros, y reestructuró su tesorería para centralizar los pagos y, en teoría agilizarlos. Otra cuestión son los problemas que tienen los empresarios hasta conseguir que la Generalitat dé su visto bueno a las facturas que se le presentan -es decir, que reconozca esa deuda-y dé la orden de pago.

En cualquier caso, es mucho el camino que le queda a la Generalitat para sanear sus cuentas. La valenciana fue el año pasado una de las autonomías que no cumplió con el objetivo de déficit máximo fijado por el Gobierno al presentar unos números rojos equivalentes al 3,47% del PIB frente al 2,4% que se había pactado, lo que le obliga a adoptar medidas de control del gasto adicionales.

Una legislatura perdida

En términos de crecimiento económico, se puede hablar de una legislatura perdida ya que la Comunidad finalizó 2010 con un Producto Interior Bruto (PIB) de 102.064 millones de euros, una cifra incluso ligeramente inferior a la de 2007 (102.478 millones). El verdadero problema es que, mientras la creación de riqueza se estancaba -en realidad creció en los dos primeros años y decreció en los dos siguientes- la población de la autonomía no dejó de aumentar.

Esto ha provocado que la renta per cápita se haya reducido en un 3,7% al caer desde los 21.255 euros que alcanzaba en el año 2007, hasta los 20.465 del pasado ejercicio, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Así, la distancia con la media española, lejos de acortarse, se ha agrandado y se han perdido casi dos puntos en el índice de convergencia. Si hace cuatro años el PIB per cápita valenciano representaba el 90,5% de la media nacional, ahora sólo es el 88,7%.