La Audiencia Provincial de Alicante ha archivado la rama del caso Brugal que supuestamente implicaba al vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, el popular Gerardo Camps, en el caso Brugal.

El auto de la Sección Décima de la Audiencia alicantina, difundido hoy, desestima el recurso presentado el 5 de noviembre de 2010 por el fiscal Anticorrupción de la provincia, Felipe Briones, contra el archivo inicial emitido por el juzgado número 2 de Alicante.

Ese juzgado no había visto delito algunos en el proceso de adjudicación de las obras del Centro de Congresos de Alicante, en el barrio de La Sangueta, y del parque cultural de San Vicente del Raspeig.

En cambio, el fiscal Briones se apoyó en las escuchas policiales del Brugal para apreciar un supuesto tráfico de influencias a raíz del patrocinio económico del empresario Enrique Ortiz, imputado en otras ramas del caso Brugal, al piloto de rally Miguel Fuster a cambio de que éste ejerciera su amistad con el conseller Camps para ser beneficiario en los proyectos citados de Alicante y San Vicente.

La resolución de la audiencia, contra la que no cabe recurso, decreta que las conversaciones telefónicas entre Ortiz y Fuster durante más de un año y medio "no aportan indicios mínimos, claros y racionales" de la supuesta "influencia y presión" que pudiera ejercer el empresario en la decisión de Gerardo Camps, con respecto a las obras de Alicante y San Vicente.