El programa autonómico del PP para las próximas elecciones prevé potenciar la enseñanza privada mediante la cesión de terrenos públicos y la creación del distrito único para que cualquiera pueda optar a un centro privado concertado. En política hídrica se olvida del trasvase del Ebro y apuesta por las ventas de agua entre agricultores de distintas cuencas. Asimismo, repite las propuestas en política social, sobre todo en lo que atañe a la irresuelta aplicación de la ley de Dependencia, y, en sanidad, reitera el segundo hospital para la Marina Baixa y elimina el tercero para Alicante, que incluyó en 2007 pero que nunca llegó a hacerse realidad.
Las propuestas en materia de educación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), que preside el candidato popular a la Generalitat Francisco Camps, se exponen en las páginas 138 y siguientes del programa autonómico para el 22-M. En la página 142 es donde se anuncia que "pondremos en funcionamiento los Centros de Iniciativa Social (CIS)", algo que se explica a renglón seguido como la "participacio?n de la iniciativa privada en la gestio?n de centros educativos para satisfacer la demanda educativa" y que se justifica para "facilitar el derecho de libre eleccio?n de centro". Tales CIS no son sino centros de construcción pública y gestión privada, en una trasposición a la enseñanza del estilo aplicado en sanidad en varios proyectos hospitalarios, o centros privados -posteriormente concertados o no- erigidos en suelo público, es decir, el modelo que se ha aplicado para necesidades de la Universidad Católica de Valencia o del que se benefició el colegio El Valle de Alicante, tal y como advierten expertos consultados por este periódico. Uno de los más contundentes a la hora de valorar los CIS es Francisco García, portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO-PV, quien no duda en afirmar que es "simple y claramente competencia desleal de la propia Administración, que por un lado no asume sus responsabilidades de previsión y planificación educativa y, por otro, cede terrenos, gratis total, a la iniciativa privada allá donde hay "mercado"", algo que este sindicalista tacha de "peligroso" e "inaceptable". Sin embargo, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, despachó el pasado viernes el asunto con un "la gente se pronunciará" en las próximas elecciones porque figura en el programa electoral.
Ligado a los CIS se halla la creación del distrito único, es decir, la eliminación del criterio de cercanía al domicilio o trabajo para el acceso al centro de enseñanza, algo que no se dice por su nombre en el programa del PP pero que se desprende del enunciado "Facilitaremos el derecho a la libre eleccio?n de centro", que luego se explica en el sentido de que las familias puedan "optar en igualdad de condiciones a cualquier centro" y "con una mayor libertad de eleccio?n / amplitud de elegir sobre proyectos educativos diferentes", lo que, según el PP, "se traduce en una mejora en la calidad educativa". El distrito único ya lo ha anticipado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en su ámbito, y Font de Mora señaló el viernes, tras el pleno del Consell, que éste, si sigue en poder de los populares, esperará a ver la evolución de la aplicación de esta medida para tomar posición sobre el asunto, que, sin embargo, sí que figura enmascarado en el programa electoral. El presidente de la FAPA Gabriel Miró y de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (COVAPA), Ramón López Cabrera, señaló a este diario sobre este punto que se corre el riesgo de que "sean los centros los que elijan a los alumnos" al darse una sobredemanda en algunos de ellos, algo que, explicó, "estaría resuelto si tuviéramos la garantía de que todos los centros son buenos". Asimismo, López Cabrera advirtió también sobre la posibilidad de que el distrito único "conduzca a abrir macrocentros y a cerrar otros", al tiempo que se preguntó si la libertad de elección será sólo entre enseñanza pública y concertada o se podrá elegir también entre los públicos. "Espero que vaya en este último sentido", apuntó. Más contundente se mostró el portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien auguró que "el distrito único sólo beneficia a los centros de élite en perjuicio del resto", ya que "se garantizan su matrícula" y pueden "acabar incluso con los pequeños concertados de barrio".
Otra propuesta que llama la atención en el ámbito educativo es la de los exámenes extraordinarios, o de recuperación, que ahora tienen lugar en septiembre y que el PP avanza que "estudiaremos la conveniencia de anticipar las pruebas extraordinarias al mes de junio", lo que al mismo tiempo supondrá "ajustar los días lectivos al nuevo calendario escolar", algo que no cuenta con el apoyo de la COVAPA porque, como explica Ramón López, sólo afecta a segundo de bachillerato, que es el que tiene selectividad el mismo mes de septiembre, mientras que las Fapas siguen apostando por mantener este mes "o como mucho, julio" para las recuperaciones. Por su parte, Francisco García encuentra "graves incongruencias" en la propuesta de junio: "la primera, el calendario, y las siguientes derivadas de la realidad de los recortes de programas de refuerzo y repaso que ya han sufrido y se anuncian en todos los centros educativos. ¿Qué significa "aprovecharemos los recursos existentes en el centro como apoyo del profesorado", cuando es precisamente al profesorado a quien se le está quitando todas las horas de refuerzo y apoyo?".
Como conclusión a las propuestas electorales del PP en materia educativa, Francisco García afirma que "contienen mucha publicidad engañosa a juzgar por la realidad educativa y los resultados académicos de las últimos 16 años. Se trata de una política de escaparate que antepone el negocio de unos pocos y la política de favores al interés general que la educación ha de tener como primer servicio público, con permiso de la sanidad". Por su parte, Ramón López considera que "la música suena bien, ahora hay que ponerle letra" y, en este sentido, apunta que "en el alto valor que se le da a la letra "e" de educación, ya que se habla de excelencia, esfuerzo, empleo, espíritu emprendedor, éxito escolar, eficienciaÉ, echo de menos una "e", la de equidad, las medidas para que el sistema se adapte al alumno, no solamente el alumno al sistema". "Si tuviera que ponerle nota al programa, le pondría un 7", concluye.
Bienestar Social
Uno de los aspectos que viene arrastrando el Consell a lo largo de la recién acabada legislatura es el de la aplicación de la ley de Dependencia, un punto en el que, según coinciden todos los baremos, la Comunidad ocupa el furgón de cola.
El programa electoral popular afirma en su página 161 que "estudiaremos y elaboraremos una nueva Ley de Servicios Sociales (III generacio?n) para integrar todos los nuevos servicios derivados de la ley de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía y otras prestaciones que se dan desde los servicios sociales", para a continuación desgranar una serie de medidas como la de agilizar la aplicación de la ley de Dependencia a través de modificaciones normativas y procedimentales, fomentar el envejecimiento activo y la autonomía personal, potenciar todas las actuaciones preventivas necesarias para conseguir que las personas mayores puedan seguir residiendo autónomamente en sus domicilios, certificar la calidad de los servicios prestados tanto desde el sector público como por la iniciativa privada, y otras muchas que, sin embargo, están muy lejos de arrancar el aplauso de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante. El portavoz de la misma, Miquel Martorell, valora para este periódico que "al ser un programa del partido que nos gobierna desde que se aprobó la ley, estas propuestas aparecen como un insulto a nuestros oídos y una humillación a las personas en situación de dependencia. Han tenido tiempo para hacer prácticamente todo lo que dicen. ¿Por qué aparecen ahora estas propuestas? ¿Qué ha cambiado ahora para que puedan hacer lo que deberían haber hecho mucho antes?".
Sobre la credibilidad de las propuestas, Martorell se muestra también rotundo: "Mucho nos tememos que por la crisis y por la gran deuda que arrastran por haberse gastado el dinero en otras opciones menos necesarias, después de las elecciones haya muchos recortes presupuestarios y afecten a la aplicación de la ley de Dependencia, mediante disminución de profesionales, suspensión de pagos a empresas privadas que gestionan plazas residenciales, tardanza de pagos de subvenciones a colectivos que atienden a personas dependientes (centros de salud mental, centros ocupacionales y centros tutelados, entre otros)."
