Los dos principales implicados en una estafa a 230 inmigrantes con la venta de contratos de trabajo y certificados de empadronamiento falsos -un empresario marroquí de Dolores y un funcionario del Ayuntamiento de Formentera del Segura- han sido puestos en libertad bajo fianza esta semana. El juzgado instructor fijó en 6.000 euros la fianza para el funcionario y el pasado lunes salió de prisión. Asimismo, la Audiencia Provincial dictó a principios de semana un auto en el que acordaba la libertad bajo fianza de 12.000 euros del empresario de Dolores tras celebrar una vista en la que su abogado defensor, José Soler, recurrió la prisión preventiva dictada por el juzgado instructor.
El empresario, que aún sigue en prisión al no haber pagado la fianza, fue detenido por la Policía Nacional dentro de la llamada "Operación Alcoba", que aún no se ha cerrado y en la que ya han sido detenidas 53 personas. En los dos últimas semanas se han realizado nuevas detenciones que se han sumado a las 46 que se efectuaron a finales de febrero.
Además del empresario marroquí la Policía detuvo a un funcionario del Ayuntamiento de Formentera del Segura que se encargaba del padrón de habitantes de dicho municipio y quien presuntamente también vendió certificados históricos de empadronamiento.
El objetivo era que los inmigrantes pudieran solicitar el permiso de residencia por arraigo. Para ello aportaban el certificado de empadronamiento falso que justificaba un mínimo de tres años de residencia en España y la oferta de trabajo de un año de duración también falsificada.
Según la información facilitada por la Policía, la investigación fue iniciada hace tres meses por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante al tener conocimiento de la existencia de una gran cantidad de ciudadanos árabes que estaban obteniendo la tarjeta de residencia presentando en la Oficina de Extranjeros de Alicante un certificado histórico de empadronamiento de la localidad de Formentera del Segura.
A finales de febrero, los investigadores identificaron y detuvieron al funcionario de Formentera del Segura acusado de proporcionar los certificados históricos de empadronamiento a cambio de cantidades que oscilaban entre 500 y 3.000 euros. El precio dependía de la presencia o no de intermediarios. En colaboración con el Ayuntamiento y su alcalde, los agentes accedieron a la base de datos del padrón de habitantes y averiguaron que al menos 230 personas habían sido dadas de alta en el padrón en fechas muy posteriores a las que realmente constaba en los archivos.
A continuación se identificó al empresario de Dolores de nacionalidad marroquí, que realizaba a cambio de dinero ofertas de trabajo, y a una amplia red de intermediarios y colaboradores.
El empresario disponía de contratos de arrendamiento de tierras de cultivo de perejil, hierbabuena y cilantro, como tapadera para acreditar la necesidad de mano de obra, así como un restaurante kebap, una peluquería y un locutorio sin apenas actividad comercial.
Los agentes intervinieron en los registros cuantiosa documentación relativa a solicitantes y certificados realizados.
Según la Policía, se ha constatado que este grupo llevaba más de tres años actuando y al menos son 230 personas extranjeras las que habrían obtenido el permiso de residencia de forma fraudulenta.
