Coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) abrió el jueves la vía para investigar a la cúpula del PP y a altos cargos de la Generalitat, entre ellos cinco candidatos a los comicios del próximo 22-M, por, entre otros delitos, la puesta en marcha de una supuesta red de financiación ilegal ligada a la trama Gürtel. La Sala de lo Civil y Lo Penal del alto tribunal valenciano remitió ese día una providencia a las Cortes -hecha pública ayer por el TSJ- con el objetivo de que certifique si los implicados en el grueso de la ramificación valenciana de la trama corrupta forman parte de la Diputación Permanente -un órgano legislativo que funciona en los periodos de vacaciones o de disolución, como es el caso- y, por tanto, mantienen la condición de aforados, un paso previo que el tribunal tiene que cumplimentar antes de decidir si asume la pieza que hace más de un año le remitió el juez Antonio Pedreira -instructor del caso Gürtel en Madrid-; y si, de esa posible apertura de la instrucción, se deriva alguna imputación para los dirigentes populares que figuran en el sumario, a los que Pedreira implica en la supuesta comisión de delitos fiscales, de prevaricación, cohecho o el ya citado de financiación ilegal en varias citas electorales a través del entramado de Correa y El Bigotes.
Entre los cargos del PP implicados son miembros de la Diputación Permanente de las Cortes y, por siguen contando con la condición de aforados, David Serra, vicesecretario del PPCV; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, exsecretario general y ya imputado en la causa de los trajes; y Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, ex consellera de Turismo y candidata a la alcaldía de Novelda. En la inhibición, además de otros ex altos cargos de la Generalitat y funcionarios, también se cita a Vicente Rambla, igualmente aforado por su condición de miembro del Consell. Los cinco figuran en las listas del PP a las Cortes Valencianas y, además, en puestos de elección casi segura.
La resolución cogió por sorpresa a los cargos políticos populares que, no obstante, trataron de minimizar el impacto. "Es un trámite normal", apuntaron desde la dirección regional del PP, enfrascada en plena campaña. Lo cierto, sin embargo, es que, en el caso del sumario de los trajes -que afecta directamente a Francisco Camps- la petición de la certificación se convirtió en la antesala de la decisión del juez José Flors de iniciar la instrucción e imputar al jefe del Consell. "Encontrándose disueltas Les Corts Valencianes y refiriéndose la inhibición a personas aforadas por su condición de Diputados en Les Corts, acredítese en las actuaciones la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputación Permanente", reza de forma textual la providencia judicial remitida a las Cortes el pasado jueves.
El TSJ estima que, en tanto que ya se ha producido la disolución de las Cortes, debe aclararse la condición de los aforados implicados como un trámite previo a la posible apertura de la investigación, una decisión de la que es ponente el juez José Francisco Ceres. Los socialistas, por su parte, vincularon la resolución judicial a una inminente decisión del TSJ sobre su competencia para investigar el principal sumario del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibió a favor del de la Comunitat Valenciana por implicar en esos supuestos delitos ligados a la red Gürtel, a altos cargos del Partido Popular en la Comunitat, entre ellos, al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, en su etapa como consellera de Turismo. Entre los aforados la pasada legislatura también se encuentran Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV y diputado), David Serra (vicesecretario del PPCV) y Yolanda García (tesorera del PPCV).
un entramado empresarial que recibió durante un lustro jugosos contratos de la Generalitat y que, a su vez, a través de Orange Market -la empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes- organizaba las campañas del Partido Popular.
financiación ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales
