07 de mayo de 2011
07.05.2011

Cambios, crisis y escándalos

El último mandato en el Ayuntamiento de Alicante ha estado marcado por la marcha de Luis Díaz Alperi y el ascenso de Sonia Castedo, los recortes por la recesión económica y las investigaciones judiciales que han salpicado la vida política

07.05.2011 | 02:00
Luis Díaz Alperi dejó la Alcaldía en manos de la que fuera concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, a finales de 2008 .

La marcha de Luis Díaz Alperi en septiembre de 2008 y su relevo al frente del Ayuntamiento por parte de la entonces concejal de Urbanismo Sonia Castedo supuso un antes y un después en este último mandato municipal, liderado con mayoría absoluta por el PP (15 concejales) y con la única oposición del PSOE (14 ediles), y marcado por la crisis y las sospechas de corrupción que han salpicado la vida política.
Cuatro años que parecen no haber pasado por los grandes proyectos de la ciudad como el Centro de Congresos, en pleno debate sobre si es o no necesario tras la reciente apertura del Auditorio Provincial. También sigue enquistada la aprobación definitiva del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a investigación judicial en el marco del llamado caso Brugal, que ha extendido las sospechas de corrupción sobre varios políticos municipales. Entre ellos, la propia alcaldesa, investigada por presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz.
El escándalo de corrupción del caso Brugal se saldó con la dimisión, en octubre de 2010, del entonces líder del grupo municipal socialista, Roque Moreno, quien al igual que lo hiciera Castedo, admitió haber pedido trabajo a Ortiz para conocidos. Su abandono supuso el segundo cambio al frente del PSOE tras la marcha de Etelvina Andreu meses después de las últimas elecciones. La socialista Carmen Sánchez Brufal tomó las riendas de un grupo que ha ido dividiéndose hasta romperse en pedazos. Hasta tres portavoces en cuatro años. Y en esta elecciones, una nueva cara: la de Elena Martín.
El archivo del caso de los aparcamientos y la exculpación de los políticos en el caso Mercalicante aliviaron el peso judicial sobre el equipo de gobierno, pero otros casos han ido abriéndose y continúan hoy sin resolverse definitivamente. Un cúmulo de causas por las que han llegado a coincidir en el tiempo hasta tres concejales imputados por diferentes asuntos.
El mandato comenzó prácticamente paralelo a la crisis económica, lo que ha obligado a ir ajustando los presupuestos por la reducción de ingresos ante la caída de la recaudación de impuestos derivados de la construcción. La situación se agudizó en el último año, cuando el Ayuntamiento aprobó un plan de ahorro y la congelación de la plantilla para equilibrar sus cuentas. Se ha pasado de la época de las vacas gordas a la de los recortes, de los que no se han librado ninguna de las concejalías, ni tampoco las fiestas de Hogueras.
No todo han sido sombras. Entre las luces destacan algunos proyectos que se han hecho realidad en la ciudad en los últimos cuatro años pese a las dificultades de financiación. Entre ellos, la remodelación de la avenida de Dénia, la prolongación de la Vía Parque y su acondicionamiento con parques y zonas deportivas, la ampliación del tranvía para conectar Alicante y San Vicente, la construcción de una nueva estación de autobuses, el desbloqueo del soterramiento y las obras para la llegada del AVE en 2012 y la mejora del acceso sur a la ciudad. Esta última actuación, inaugurada recientemente, se ha convertido en una de las grandes bazas electorales de la alcaldesa que se enfrenta por primera vez a las urnas como cabeza de lista.
Desde que Alperi le dio el relevo, Castedo apostó por poner "guapa" la ciudad y prometió una política de mano tendida, que tradujo no en una mejor relación con la oposición, sino en una mayor cercanía hacia los vecinos y en el diálogo con los colectivos sociales más activos. Su primera decisión de calado político se centró en los cambios en Seguridad y la destitución del edil Pablo Suárez, pero las más polémicas se concentraron durante el último año. Castedo se vio obligada a asumir que para gobernar no se puede contentar a todos y, ante la avalancha de críticas, no tuvo más remedio que dar marcha atrás en su propuesta de crear un botellódromo para los jóvenes o de abrir al tráfico un tramo de la Explanada para complacer a los comerciantes del centro.
En marzo de 2010 Castedo decidió desprenderse de sus competencias en Urbanismo y delegó en un abogado del equipo redactor del PGOU, Alfonso Mendoza. En el terreno urbanístico, el polémico plan Rabasa continúa a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su legalidad, si bien se ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el planeamiento. Ahora se tramita una modificación de este plan para poder instalar allí una tienda Ikea, de la que el PSOE cuestiona su ubicación, y un macrocentro comercial anexo que los comerciantes de la ciudad rechazan firmemente.

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