José Emilio Clavero, exgerente de Mercalicante y principal imputado en el proceso penal abierto hace nueve años tras detectarse un agujero contable de varios millones de euros en el empresa de capital público, dispuso de los fondos de la mercantil a su antojo y en su beneficio superando en varias ocasiones la disponibilidad (15 millones de las antiguas pesetas) que tenía fijada por el consejo de administración de la entidad que presidía el entonces alcalde de Alicante y hoy diputado autonómico Luis Díaz Alperi, según recoge el escrito de acusación que la mercantil ha presentado en el juzgado que instruye estos hechos.
El presunto quebranto económico fruto de estas acciones alcanzaría los cinco millones de euros, 2,5 millones más de lo calculado por el Ayuntamiento y lejos de los 300.000 euros que reclama el fiscal, quien mantiene que la exculpación por parte del Tribunal Superior y de la Audiencia de los miembros de la comisión ejecutiva que tenían la responsabilidad de controlar la gestión del exgerente imposibilita acusarle de muchas de las irregularidades detectadas tras una auditoria, entre las que se cita el disponer de más de 105.000 euros del capital de la empresa para pagar su IRPF del año 2000 o cargar a las cuentas de la entidad 480.000 euros con los que supuestamente se hizo mediante disposiciones en metálico y visa.
La mercantil atribuye a Clavero hasta siete delitos (entre ellos apropiación indebida, estafa, insolvencia punible y falsedad documental), acusa a otras siete personas (su mujer y responsables de otras sociedades implicadas en este caso que supuestamente le ayudaron a cometer este desfalco), pide para el exgerente 22 años de cárcel (lo mismo que el Ayuntamiento y 18 años más que los solicitados por el ministerio público) y reclama que el resto de los acusados, para los que también solicita cárcel, y las sociedades a las que representan, sean responsables civiles subsidiarios de las cantidades supuestamente apropiadas.
Los representantes legales de la mercantil coinciden con los del Ayuntamiento en que Clavero cometió irregularidades en el alquiler de las naves frigoríficas y en el proyecto del mercado electrónico y comparten con el fiscal que exgerente usó dinero de la empresa para pagar una vivienda que adquirió en Barcelona y de la que luego se desprendió para evitar responder con ella a posibles responsabilidades civiles en el caso de ser condenado, según el escrito de acusación.
La empresa hace hincapié en el escrito entregado en el juzgado en que debido el tiempo transcurrido desde que se pidió que cautelarmente se inmovilizaran los bienes de Clavero hasta que el juzgado lo hizo, la medida resultó ineficaz.
Finalizada ronda de las acusaciones, ahora le toca el turno a las defensas.
