El título del programa electoral -"La hora de la dignidad, de la honradez, de la ilusión"- es toda una declaración de principios. El candidato socialista a la Generalitat, Jorge Alarte, presentó ayer el documento de 210 páginas explicativo de las principales propuestas con las que concurre a las urnas. Era el día para trasladar sensación de solvencia a un auditorio compuesto por un centenar de cargos públicos, periodistas y personalidades del mundo económico. En eso se aplicó, pero no quiso orillar el alma del discurso de regeneración que ha vertebrado una labor de oposición que ha pivotado sobre la crítica y denuncia judicial de los escándalos de corrupción que salpican al presidente Camps y al PP. "Mi proyecto es devolver la honradez a la Generalitat y la dignidad a todas las personas e instituciones", proclamó. El líder del PSPV no va a descuidar en esta campaña su denuncia de la baja calidad democrática, consciente de que su gran batalla pasa por movilizar a la izquierda y mandar a la abstención a votantes del PP descontentos con Camps.
Dicho lo cual, Jorge Alarte fue desglosando sus propuestas de austeridad y adelgazamiento del sector público, su apuesta por la formación profesional y la innovación como armas para salir de la crisis, sus planes de rescate de las arcas municipales quebradas y, también, sus iniciativas para racionalizar el urbanismo. Los socialistas proponen una "reducción drástica" de empresas públicas y fundaciones para liberar 2.000 millones de euros que se dedicarían, dijo, a crear empleo. Para ello, quiere reducir de 130 a no más de 30 los organismos públicos para poder pagar a proveedores a 60 o 30 días y generar recursos para la reactivación económica. De forma complementaria, se aprobaría una ley que establecería "límites de gasto" en cada empresa pública en esa estrategia de "inaplazable saneamiento" de la Generalitat.
La lucha contra la crisis pasa por invertir en Formación Profesional especializada en sectores con valor añadido. De ahí la idea de crear 30 centros de FP de titularidad pública, pero cogestionados por empresarios, institutos tecnológicos y sindicatos, que estarían ubicados junto a los parques empresariales. En sus propuestas de educación competitiva habló de potenciar el "plurilingüismo", con especial énfasis en el inglés. Los socialistas quieren duplicar la oferta de las escuelas de idiomas. También proponen potenciar el valenciano, entre otras con medidas como la exigencia del requisito lingüístico para ser funcionario autonómico.
El principal desafío que hay que acometer, explicó, es "generar las bases para una nueva economía" que permita a las empresas valencianas "volver a ser rentables, viables y competitivas". Ese es un objetivo "altamente socialdemócrata", apuntó. Para el PSPV, es urgente acometer una "reindustrialización" de la Comunidad Valenciana para que los sectores productivos pesen un 25% en el PIB. Esto es, duplicar el 12% de protagonismo que tiene en la actualidad en la economía valenciana. En 1995, la industria representaba un 22% del PIB.
En su discurso de presentación del programa, simbólicamente en el mismo hotel donde anunció sus aspiraciones de dirigir el PSPV, Alarte declaró que la Comunidad Valenciana tiene potencial para situarse por delante de Cataluña, Madrid y Andalucía. En el programa también figura el compromiso de arrancar en una legislatura unos 1.000 millones más al Estado para paliar el agravio en la financiación per cápita, que se sitúa 200 euros por debajo de la media nacional. Los socialistas apuestan, en su plan de choque contra la crisis y para "rescatar" al sector de la construcción, por las políticas de rehabilitación de viviendas, así como por acuerdos entre promotores, bancos y Generalitat para dar salida a los excedentes de viviendas de renta libre.
Control sobre el urbanismo
También por un urbanismo "sensato y sostenible" y por quitar a los alcaldes el control absoluto que actualmente tienen sobre los planes urbanísticos. Para no depender de los vaivenes del gobierno local, el PSPV propone el "liderazgo público" supramunicipal, desde la Generalitat, "en la formulación del planeamiento, en su gestión y ejecución" y en el "control de la legalidad urbanística". Abogan por una entidad "consorciada" entre Consell y ayuntamientos para decidir las sanciones y evitar, por ejemplo, la paradoja de que los ayuntamientos son juez y parte cuando ellos son infractores.
El candidato de los socialistas valencianos reiteró su propuesta de recortar competencias a las diputaciones y reducir su papel a la ayuda y cooperación con los municipios de menos de 5.000 habitantes, como ya contó este diario el pasado 1 de marzo. El PSPV apuesta por un pacto competencial para fijar las funciones de los municipios y por "salir al rescate" de las esquilmadas arcas locales creando un "fondo de cooperación municipal incondicionado" dotado con al menos 70 euros por habitante. Entre las medidas en el área de juventud está subvencionar la instalación de máquinas expendedoras de preservativos en institutos, universidades y centros de ocio.
