Al margen de la alegría que se llevó ayer al ser confirmado como número dos de la lista de Alicante, Joaquín Ripoll no gana para disgustos. Tras su implicación en el caso Brugal, en el que está imputado por cinco graves delitos, y tras conocer un informe policial que ha detectado un desfase de cerca de 300.000 euros entre sus ingresos y gastos, se suma ahora un documento del Departamento de Estado de EE UU. El Gobierno estadounidense pone e a Ripoll como ejemplo de la corrupción en España y le atribuye hasta seis delitos de calibre -en realidad son sólo cinco- en el caso de las basuras de la Vega Baja. "El 6 de julio, el presidente del Partido Popular en Alicante, José Joaquín Ripoll, fue detenido por extorsión, tráfico de influencias, fraude, soborno, abuso de confianza y ocultación", reza el documento. Y, finalmente, añade: "El juicio no había comenzado antes del final del año".

El texto, referente a nivel global a los derechos humanos, contiene algunos datos erróneos. Por ejemplo, asegura que Ripoll está acusado de extorsión. El juez Carlos San Martín, instructor de Brugal, le ha imputado por haber cometido supuestamente delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, información privilegiada y actuación prohibida a autoridades.

Tras exponer el procedimiento del presidente de la Diputación el informe hace referencia al centenar de exfuncionarios, empresarios y constructores de Marbella que intercedieron en la concesión de licencias a cambio de prebendas en el año 2005. Pero es Joaquín Ripoll el primero en aparecer en el capítulo "Corrupción Oficial y Transparencia Gubernamental". Acto seguido, el texto hace referencia al caso andaluz. Y ahí termina.

El resto del documento hace vagas referencias a la corrupción, como por ejemplo cuando apunta que la ley "prevé sanciones criminales" para este delito. Además subraya que el Gobierno "habitualmente aplica esas leyes con eficiencia".Por otro lado, el informe también valora, aunque sucintamente, los casos de torturas que se produjeron en España en 2010. Según los datos que maneja el Departamento de Estado americano, obtenidos de un colectivo nacional que trabaja por prevenir la tortura, las comunidades autónomas que más quejas tuvieron el pasado año fueron Cataluña (215), el País Vasco (104), la Comunidad de Madrid (103), Andalucía (81), Galicia (47), y la Comunidad Valenciana (34).