03 de abril de 2011
03.04.2011
40 Años

La investigación policial sostiene que Alperi y su familia se beneficiaron de regalos de Ortiz

Los investigadores han rastreado el patrimonio del exalcalde de Alicante para determinar si ha habido supuestas compensaciones por parte del empresario a cambio de facilitarle información privilegiada sobre el nuevo planeamiento urbano de la ciudad

03.04.2011 | 02:00
Panorámica de la urbanización levantada por Ortiz en la playa de San Juan en la que se encuentran las polémicas viviendas.

El alcalde de Alicante durante 13 años y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como su familia, se han venido beneficiando de prebendas aportadas por el empresario Enrique Ortiz a cambio de la información privilegiada que el dirigente popular habría facilitado al constructor sobre el futuro planeamiento urbano de la ciudad, pendiente aún de aprobación por la Generalitat, y de la que se habría servido Ortiz para incrementar su volumen de negocio al adquirir terrenos en determinadas zonas del término urbano de Alicante sabedor del valor que iban a adquirir con la nueva planificación.
Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende de la investigación policial que dirige el juzgado de Instrucción número cinco de Alicante para determinar si hubo irregularidades durante la elaboración del que será el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y quiénes y en qué medida pudieron haber obtenido beneficio de ello. En el grueso de la etapa investigada Alperi ocupaba el sillón de la Alcaldía y Sonia Castedo, la actual alcaldesa, estaba al frente de la Gerencia de Urbanismo.
Las pesquisas forman parte de la pieza separada de la operación Brugal que instruye el magistrado Manrique Tejada para concretar si puede imputarse algún delito a Díaz Alperi para, en caso de confirmarse las sospechas, enviar el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad dada la condición de aforado de que goza en la actualidad como diputado autonómico.

Sospechas
La Fiscalía Anticorrupción mantiene en el escrito que dio origen a estas pesquisas (que tienen su germen en las conversaciones telefónicas intervenidas a Ortiz a raiz de la investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de la Vega Baja, en la que también está imputado, entre otros, el presidente de la Diputación) que hasta 21 personas, entre políticos, empresarios y técnicos, tuvieron acceso a información privilegiada sobre el PGOU. Fiscal y Policía dirigían sus sospechas tanto hacia el exprimer regidor como sobre la actual y apuntaban a que ambos habrían recibido regalos a cambio de facilitar esos datos.
Entre las posibles dádivas que los investigadores sospechan que ha podido recibir Alperi ha vuelto a dirigirse la mirada sobre los tres bungalows situados en la zona residencial de la playa de San Juan levantados por una de las mercantiles de Ortiz, Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., que fue su propietaria hasta el 19 de octubre de 2007. La empresa se desprendió de los inmuebles 25 días después de que el juez de Alicante que investigaba a Alperi, a Castedo y al empresario por un presunto trato de favor en la concesión de la construcción y explotación de tres aparcamientos subterráneos en Alicante, adjudicados a Ortiz, les comunicara su imputación por estos hechos. A partir de esa fecha las casas comenzaron a figurar a nombre de la mercantil Jacobriz S.L., una sociedad estrechamente vinculada al constructor conquense Aurelio González Villarejo, socio de Ortiz precisamente en la promoción en que se encuentran las polémicas viviendas y buen amigo de Alperi, en cuyo mandato se autorizó al empresario manchego levantar más alturas en el edificio del Gobierno Militar.
Desde 2003 y hasta la fecha las tres casas han estado ocupadas de forma continua o durante largas temporadas por los tres hijos del exalcalde. En febrero de 2007 el juez del caso de los aparcamientos ordenó investigar la relación contractual de la familia del exalcalde con las viviendas. En ese momento sólo se aportó el contrato de alquiler de una de las hijas mientras que otro de los inmuebles figura a nombre de la hermana pequeña desde hace apenas cuatro meses y el tercero sigue vinculado a Jacobriz, quien ha iniciado hace unas semanas un procedimiento de desahucio contra el hijo de Alperi. Aquellas pesquisas iniciadas por el juez se tuvieron que interrumpir tras la elección de Alperi para las Cortes, lo que obligó al magistrado Jesús Gómez Angulo a desprenderse del caso y enviarlo al TSJ dada la condición de aforado que acababa de adquirir el exalcalde. La advertencia hecha por el juez al máximo órgano judicial valenciano de que en los hechos por él instruidos apreciaba indicios de delito no fue impedimento para que el asunto se archivara apenas al mes de llegar a Valencia sin haber practicado diligencia alguna.
Además de los inmuebles, los investigadores también han localizado viajes de los que habría disfrutado Alperi (además del realizado a Creta en un jet privado) y cuyos gastos habrían corrido a cargo de Ortiz, un extremo en el que continúan trabajando.

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