La explicación de la Policía que el juez del caso Brugal estaba esperando circula desde ayer por los despachos de todos los letrados personados en la investigación abierta por supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, un proceso en el que, entre otros, están imputados el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. La respuesta de los investigadores a la providencia dictada hace unos días por el juez San Martín, en la que pedía a los agentes que les informaran "de forma detallada" de las pesquisas que estaban realizando acerca de Ripoll, es, más que una contestación, una relación de los resultados de las indagaciones practicadas hasta el momento cuya conclusión principal, como ya adelantó este diario, es que el nivel de gastos de los Ripoll era, en el periodo investigado, superior a sus ingresos.
En un extenso expediente (en el que se incluyen recibos y facturas, algunas de ellas interceptadas en el registro que se practicó en el domicilio del presidente de la Diputación el pasado julio y otras localizadas después en los establecimientos en los que se efectuaron las compras), los agentes concluyen que la familia Ripoll realizó desembolsos por valor de 292.658 euros en el periodo comprendido entre enero de 2008 y julio de 2010. Una cantidad que mientras los investigadores aseguran que se ha contabilizado excluyendo los gastos corrientes de una familia (hipoteca, comida, ropa...) fuentes cercanas al líder provincial del PP consideran que se trata de "una cifra especulativa dentro de un informe farragoso y confuso". Las mismas fuentes añadieron que "la Policía tiene claros los ingresos pero no los gastos" y que por eso "se basa en especulaciones realizadas tomando como base datos del Instituto Nacional de Estadística sobre los gastos medios de una familia del nivel de los Ripoll, pero no datos reales".
Frente a esta versión, los investigadores no sólo hablan de "gastos no justificados" sino que, según afirman, estarían también acreditados en el citado informe "los favores que se han ido haciendo" a cambio de esos supuestos "regalos".
Además de las compras realizadas por los Ripoll (donde se habla de muebles, cortinas, joyas, viajes...), el informe recoge un ingreso en las cuentas de la familia de 70.000 euros "sin que esté acreditada su procedencia".
Coche y fiesta de cumpleaños
Además de exponer al magistrado San Martín el resultado de sus pesquisas, la Policía le reclama autorización para seguir investigando hasta dar por cerradas todas las pistas. En concreto, los agentes reiteran la conveniencia de recabar datos en un concesionario de alta gama de Alicante, uno de cuyos responsables alertó al juez de las indagaciones que estaban llevando a cabo los agentes, que se habían personado en la mercantil para recabar datos de las compras realizadas por Ripoll. Fue a raíz del aviso de este directivo cuando el juez pidió las explicaciones a la Policía que han dado lugar al informe remido ayer a acusaciones y defensas personadas en el caso.
Los investigadores también justifican al juez la necesidad de conocer los pormenores de una fiesta organizada con motivo del cumpleaños de la mujer de Ripoll para determinar quién y cómo se abonó su coste.
Una vez que las partes presenten sus alegaciones, San Martín tiene que tomar la decisión de dar luz verde a la petición de la Policía o, por contra, zanjar la investigación sobre el patrimonio de Ripoll.
