Nació como una medida provisional para eliminar las listas de espera en sanidad y ya está cerca de cumplir su mayoría de edad. La Conselleria de Sanidad puso en marcha el Plan de Choque en 1996 para ofrecer a los pacientes que se encuentran en lista de espera más de 60 días la posibilidad de ser intervenidos en centros privados, abonando la Conselleria el coste de esta intervención.

Un plan que el entonces conseller de Sanidad, Joaquín Farnós, vendió como "gratis total" ha costado a la Generalitat Valenciana en estos quince años más de 270 millones de euros en el conjunto de la Comunidad, de los que aproximadamente 103 millones han ido a parar a clínicas de la provincia de Alicante, según datos de CC OO.

Para el responsable de Comunicación del sindicato, Salvador Roig, este aniversario demuestra que "siguen persistiendo los problemas estructurales que generan las demoras y las listas de espera". Una situación "que requiere de una importante financiación que se ha consolidado en el tiempo sin que se aporten soluciones que permitan abordar el problema de una forma integral".

En cuanto a la cifra de pacientes, 383.637 personas en las tres provincias se han acogido al Plan de Choque, un 38% de ellas en Alicante, lo que supone unos 146.000 pacientes.

Cataratas, hernia inguinal, varices, cordales y meniscopatías son las operaciones que, con mayor frecuencia, Sanidad deriva a las clínicas privadas. Según los últimos datos aportados por la Conselleria al PSPV, y correspondientes a 2009, al menos una veintena de empresas factura en la provincia a través del Plan de Choque.

Cifras aparte

Pero al margen del desembolso que Sanidad ha tenido que realizar en estos 15 años a los centros privados para que atienden a los pacientes, la forma en la que se gestiona este programa es uno de los aspectos que más desconfianza ha despertado en todo este tiempo entre oposición y sindicatos. "No existe ningún tipo de transparencia legal", señala Salvador Roig. El número de pacientes que se derivan "se adjudican a dedo y no se conocen públicamente ni los criterios de adjudicación de los procesos quirúrgicos, ni los costes que los mismos generan".

La regulación del Plan de Choque se realiza a través de un decreto del año 1996 mediante la fórmula de "reintegro de gastos", que inicialmente está concebida para subvencionar a los pacientes cuando reciben tratamientos fuera del sistema público, "cuando en realidad el dinero lo están recibiendo directamente los centros hospitalarios". Para el responsable de Comunicación de CC OO "se trata de un clarísimo fraude de ley, que ha sido señalado por la Sindicatura de Comptes en sus informes anuales sin que la Conselleria de Sanidad convoque los concursos que permiten realizar los conciertos sanitarios regulados en la Ley de Contratos del Estado". En este sentido, CC OO señala que "agotada la capacidad de respuesta del sistema publico, no tenemos ningún problema en que se instauren fórmulas de colaboración con la sanidad privada, pero la relación debe gestionarse con la máxima trasparencia y seguridad jurídica".

Incompatibilidades

Esta misma opacidad impide, en opinión de Salvador Roig, "conocer si los médicos que realizan las operaciones en los hospitales privados están vinculados a los servicios quirúrgicos de los centros públicos". De ser así, "se entra en total colisión con lo regulado en la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas". En este terreno "también es imposible hacer un seguimiento de los procesos, ya que las memorias de gestión de este programa jamás se han entregado a los consejos de salud".

Por su parte, la Conselleria de Sanidad ha defendido en numerosas ocasiones el ahorro de costes que se logra con este programa y pone como ejemplo las operaciones de cataratas "que en la red pública cuestan 1.370 euros y con el Plan de Choque 675 euros". El portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes, Ignacio Subías, tacha de "absurda" esta comparación. "En ningún momento se detalla lo que se incluye en esas castidades de dinero".

Para Subías, estos 15 años de programa, son un ejemplo "de la ineficacia que el PP ha hecho en la gestión del modelo sanitario y de su política de escaparate y victimismo".

Impagos

Estos quince años de Plan de Choque se han visto además salpicados por los retrasos de la Conselleria de Sanidad en el pago a las clínicas adheridas al programa.

En este sentido, en 2004 la clínica Mare Nostrum de Alicante cerró sus puertas ahogada por una crisis financiera debido, según sus responsables, a los impagos del Consell. Este centro sanitario era el que más facturaba en la provincia de Alicante por el Plan de Choque y el segundo que más pacientes acogía de la Comunidad Valenciana.