Érase una vez... un pleno. Ayer, en el salón azul del Ayuntamiento de Alicante, hubo espacio para los cuentos, las tensiones y las conciliaciones y, si no un final feliz, al menos, calmado. Y eso que en el ambiente se notaba la tirantez de la agitada política municipal y la preocupación de más de un concejal por su futuro tras las próximas elecciones. Una calma tensa en la que salieron adelante asuntos de gran calado para la ciudad, como el nuevo presupuesto y sus recortes, las ordenanzas sobre prostitución, mendicidad y circulación o la prórroga de la suspensión de licencias urbanísticas, y en la que se abordaron temas polémicos como la rehabilitación del colegio público Manjón Cervantes.

El debate sobre los nuevos presupuestos, los mismos que en 2010 pero con recortes de 18 millones de euros por la disminución de ingresos, abrió la sesión. No se habló del "tijeretazo" a las fiestas, pero sí de la amortización de 45 plazas de la plantilla municipal y, aunque tanto PP como PSOE votaron a favor de esta prórroga, el edil socialista Ángel Pernías mostró su disconformidad con este punto al considerar que "no es el mejor momento".

Durante su intervención, Pernías hizo referencia a la situación que podrían vivir algunos ediles socialistas después de las elecciones, "que tendrán que buscar trabajo o ir al paro". La expresión pareció conmover al edil de Hacienda, Juan Zaragoza, que quiso levantarse para declararle su reconocimiento: "Usted dice que algunos se van a quedar fuera (de las listas) y yo le digo que lamento que su partido no se dé cuenta de que usted y otros de sus compañeros no se lo merecen, porque hacen una oposición constructiva".

La alcaldesa, Sonia Castedo, zanjó el tema y dio paso a la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, quien pidió "que no se falte al respeto", en referencia a una alusión hecha por Zaragoza al presidente del Gobierno. "Inútil significa no útil", apostilló la primera edil. Este fue el primer y único momento de tensión entre ambas, lo que sorprendió después de las duras críticas que se han cruzado en la última semana.

Tras los presupuestos llegó la aprobación definitiva de la polémica ordenanza sobre mendicidad y prostitución. Salió adelante con los votos en contra del PSOE, que criticó que no se hubiesen tenido en cuenta sus enmiendas. La norma, a la que han presentado alegaciones varios colectivos, se ha modificado en el aspecto de la mendicidad, para eliminar la expresión en la que se instaba a los agentes de la autoridad a requisar a los indigentes los frutos obtenidos, pero no incluye ningún cambio en cuanto a la regulación de la prostitución. "Así sólo se va a conseguir trasladar la problemática de unos barrios a otros", aseguró ayer la socialista, Laura Soler, mientras que el edil de Seguridad, Juan Seva, sostuvo que "sólo hemos recogido el sentir de los vecinos". Como se recordará, la ordenanza prohíbe, entre otras cosas, la mendicidad coactiva y el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública o en la proximidad de centros escolares y contempla sanciones de hasta 3.000 euros. Algunos argumentos usados para rechazar las alegaciones son que ya se recogen programas sociales y no criminaliza a estos colectivos porque no propone la erradicación de la mendicidad y la prostitución sino evitar problemas de convivencia.

También salió adelante la ordenanza sobre circulación, que mantiene que en los carriles bici de las aceras es la bicicleta la que tiene prioridad. "Se debería priorizar al peatón, que es el más vulnerable", opinó el socialista Jorge Espí, a quien Seva respondió que estos carriles son fruto de un estudio técnico y que en otros lugares, incluso, se permite a las bicis circular por las aceras sin una vía delimitada.

Otro de los asuntos polémicos tratados fue la rehabilitación del colegio Manjón Cervantes, para el que se aprobó destinar parte de 5 millones de euros de fondos para VPO al estar cubierta la demanda. Los socialistas recriminaron al equipo de gobierno que las arcas municipales asumieran competencias del Consell y la alcaldesa les respondió "la responsabilidad de esta ciudad es nuestra". El socialista Manuel de Barros preguntó sobre las actuaciones para resolver el desconcierto de los informes contradictorios sobre el centro, pues el primero estableció que había que derribarlo y el segundo, que era suficiente con rehabilitarlo. "Érase una vez, un colegio...". A modo de cuento, De Barros, "por aquello de ir practicando" -en referencia a su salida de la política y su vuelta a la docencia-, relató los problemas y la incertidumbre de los padres, que han llegado a manifestarse en contra de la reforma propuesta. La edil de Educación, Mari Carmen Román, le respondió que apuesta por la rehabilitación y "confía" en el último de los informes, que propone la rehabilitación, y que la seguridad "no se cuestiona".

En el ámbito urbanístico, se aprobó por urgencia, con la abstención del PSOE, pedir al Consell que prorrogue la suspensión de licencias hasta que se apruebe el nuevo PGOU en los supuestos de terrenos que pasen a ser parques naturales o futuras zonas de desarrollo urbano y para evitar la instalación de templos en bajos de edificios. Esta medida ya se aprobó hace 2 años, pero el periodo concluye el 5 de marzo. La socialista Loles Fernández, denunció el retraso en el aprobación del PGOU, que arrastra 12 años de trámites, y acusó al PP de "ser los responsables de la paralización urbanística en la ciudad" y de perjudicar a los ciudadanos con su tramitación.

En el pleno también se aprobó un plan urbanístico en la Playa de San Juan, el convenio con Adif y el Puerto para la segunda fase del acceso sur, el cambio del PGOU para mantener el mercadillo de Teulada y una petición para facilitar el voto a las personas ciegas.