Ángel Luna, síndic socialista en las Cortes, está cada vez más cerca del banquillo. Las denuncias del PP ya lo han puesto en la misma situación que Camps. El juez Juan Montero, instructor en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del procedimiento en el que el dirigente del PSPV está imputado por revelación de secretos y encubrimiento, emitió ayer un auto en el que da por finalizada la instrucción; remite a Madrid la mencionada investigación por revelación de secretos; considera que Luna habría incurrido en encubrimiento lo que podría acarrearle cárcel e inhabilitación; y concede un plazo diez días a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por el PP, para que concreten sus escritos de conclusiones y le trasladen su posición sobre un eventual archivo, la apertura de juicio oral o la instrucción extraordinaria de nuevas diligencias.
El magistrado -el mismo que cerró el caso de los aparcamientos a Alperi pero también el único que apostaba por seguir adelante con los trajes de Gürtel cuando la sala de lo civil y lo penal del TSJ archivó la causa, luego reabierta por el Supremo- es durísimo en un auto que pone a Luna contra las cuerdas teniendo en cuenta que, de celebrarse finalmente el juicio, la convocatoria podría ser antes del 22-M. En el relato de los hechos, Montero se remonta al pleno de las Cortes del 24 de marzo de 2010, en el que Luna exhibió el informe de la Policía sobre los sobrecostes y el supuesto reparto de comisiones en la visita del Papa a Valencia, para sustentar su decisión de seguir adelante con la causa por encubrimiento. El instructor considera que Luna mostró el documento secreto sobre el caso Gürtel consciente de que le había llegado de forma ilegal. "Es imposible", afirma, que el dirigente socialista "pudiera desconocer que la filtración del informe solo se pudo hacer" si alguien incurrió en una relevación de secretos y, por tanto, "solo pudo llegar a sus manos" si antes se cometió un delito.
A partir de ahí, en tanto que Luna declaró desconocer dónde guardaba el documento, concurre, en este caso, una "ocultación del cuerpo, los efectos o instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento, bien entendido que esa ocultación puede perseguir impedir, no ya conocer la existencia del hecho, sino también impedir el conocimiento de un dato tan relevante como es el autor del hecho". "Lleva a impedir el conocimiento del autor del delito de revelación de secretos", remacha el magistrado para sustentar su escrito contra el síndic socialista.
El instructor considera, además, que la negativa de Luna a entregarle el documento -el dirigente socialista dice que no lo encuentra- supone que "ha ocultado el ejemplar del informe que tuvo en su poder". "No se trata de que lo exhibiera en la tribuna de las Cortes el 24 de marzo de 2010, lo que no se ha negado en momento alguno, sino de que cuando se le requirió formal y judicialmente para que lo presentara, alegó que desconocía donde se encontraba, pues a partir del 7 de mayo de 2010 se despreocupó de ese ejemplar del informe", apostilla el magistrado. "Puede concluirse que la ocultación se hizo al efecto de impedir que se descubra el autor de la revelación de la actuación procesal secreta", asegura el juez instructor en el auto.
El magistrado Montero, por todo ello, entiende que el procedimiento contra Ángel Luna, a menos de tres meses de las elecciones, tiene que continuar por un delito de encubrimiento. "Los hechos pudieran ser constitutivos del delito de encubrimiento del artículo 451. 2 del Código Penal, delito que debiera imputarse a Don Ángel Luna González", señala el magistrado que, sin embargo, remite a Madrid la causa por revelación de secretos al entender que debe seguir la investigación para determinar el origen de la filtración que condujo el documento hasta el síndic socialista, sin determinar, en cualquier caso, que el dirigente del PSPV y diputado esté vinculado a la comisión de este segundo delito.
Blasco: "Debe dimitir"
El problema, en todo caso, no se reduce. Al contrario. El artículo que refiere el juez tipifica un delito que podría acarrearle a Luna penas de hasta tres años de cárcel e inhabilitación para ocupar un cargo público. Está, como Camps, a la espera de que el juez decida sobre la apertura de juicio oral pero dentro de un procedimiento que, a diferencia del que afecta al jefe del Consell, es más rápido y podría conducir a la celebración de la vista antes, incluso, de las elecciones. La situación le llevó al PP a devolver a Luna la moneda que el síndic socialista ha utilizado contra Camps. "Debe dimitir", proclamó el síndic popular, Rafael Blasco.
"No me callarán: voy a seguir denunciando el caso Gürtel", dice Luna
Ángel Luna, tras conocer el contenido del auto, dejó claro que el juez Juan Montero "se equivoca enteramente" en la valoración de los hechos. "Recurriré la decisión. No he cometido ningún delito y lo voy a seguir manteniendo hasta el final. Espero que la sala del TSJ me dé la razón", apuntó. El dirigente socialista advirtió de que, con independencia de las resoluciones judiciales, no hará "dejación" de sus funciones como diputado y no cesará de denunciar que el caso Gürtel representa un "gravísimo caso de corrupción", en el que "millones de euros de los impuestos" de los valencianos han terminado en "paraísos fiscales". "Mi obligación es seguir preguntando y que la gente sepa qué pasa con su dinero". P. r. f.
