23 de febrero de 2011
23.02.2011
Por los trajes de Gürtel

El PSOE pide hasta 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Camps

El escrito de calificación vincula los regalos que recibió el jefe del Consell con las adjudicaciones de la Generalitat a las empresas de la red corrupta

23.02.2011 | 01:00
El PSOE pide hasta 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación para Camps

Multa de 46.000 euros, inhabilitación para ocupar un cargo público por un periodo de ocho años y prisión durante tres por un delito de cohecho. Esa es la petición que la acusación popular, ejercida por el PSPV, reclama para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por su implicación en el caso de los trajes de Gürtel, un sumario en el que Camps está imputado por cohecho impropio. Una calificación que los socialistas elevan al entender que las decenas de adjudicaciones de la Generalitat a mercantiles de la trama están ligadas a las remesas de trajes y ropa a medida con las que la red corrupta habría obsequidado al titular de la Generalitat; al ex número dos del Consell, Víctor Campos; al antiguo secretario general del PP y ahora diputado, Ricardo Costa; y a Rafael Betoret, alto funcionario de la conselleria de Turismo cuando se concedió a Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, la contrata para organizar la presencia del Consell en la edición de Fitur del año 2005, la primera gran adjudicación pública que logró la mercantil tras su constitución a finales de 2003, pocos meses después de la llegada de Francisco Camps al Palau de la Generalitat.
Sólo un día más tarde de la decisión de la cúpula del PP de desbloquear la ratificación del presidente de la Generalitat como candidato a la reelección, los efectos de la trama Gürtel vuelven a poner en jaque al jefe del Consell. El escrito de conclusiones de Anticorrupción, en el que se acusa a Camps de un delito de cohecho impropio continuado, pide sancionarle con una multa de 41.250 euros y, además, que se le requisen los regalos que recibió o una cantidad económica similar al valor de los obsequios. Ya supuso un golpe para Camps que, como se recordará, maniobró para convencer a Mariano Rajoy de que debía ratificarle como candidato del PP para el 22-M. Los socialistas, como era de esperar, son todavía más duros.
El relato de los hechos, de acuerdo con el escrito del PSPV, arranca con la creación de Orange Market, una empresa controlada por El Bigotes pero que estaba ligada al conglomerado corrupto que dirigían desde Madrid Pablo Crespo y Francisco Correa, ambos encarcelados por su implicación en el caso Gürtel. El PSPV, en un documento de 35 páginas, recuerda que las mercantiles vinculadas a la red de El Bigotes y Correa lograron decenas de adjudicaciones del Consell -el escrito, de hecho, hace referencia a la mayoría- gracias a una tramitación que, según los socialistas, se realizó de forma irregular con fraccionamiento de las contratas o con adjudicaciones directas para esquivar los procedimientos de concurso.
El escrito liga los contratos que la Generalitat adjudicó a las empresas de la trama corrupta con los regalos a Camps y otros altos cargos. "Coincidiendo con las primeras adjudicaciones de la Administración Valenciana a Orange Market S. L., año 2005, cuya facturación experimenta un incremento del 1000%, los cuatro imputados, D. Francisco Camps Ortiz, D. Ricardo Costa Climent, D. Víctor Campos Guinot y D. Rafael Betoret Parreño, recibieron del grupo de Correa y a través de Orange Market S. L. reiteradamente a lo largo de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, diversas prendas de vestir que a continuación se relacionarán, bien para realizar un acto injusto o arbitrario, bien como recompensa del acto ya realizado, o en consideración a su función", recoge textualmente el escrito de calificación presentado por el PSPV.
En su concreción de los hechos, la acusación particular desgrana como El Bigotes frecuentaba una tienda de la cadena "Milano" en la que le atendía el sastre José Tomás que con posterioridad, después del verano de 2006, pasó a "Forever Young", dos establecimientos dedicados a la venta y confección de ropa. De acuerdo al relato que los socialistas hacen de los hechos, los altos cargos de la Generalitat y del PP de la Comunidad recibían ropa cuyo importe pasaba a engrosar una "cuenta abierta" que, con posterioridad, saldaba Pablo Crespo, número dos de la red Gürtel, bien a través de cheques o en efectivo.
En esa tesitura, el PSPV entiende que Camps podría incurrir en un delito de cohecho con una calificación diferente, en función de cada alternativa. Los socialistas entienden que el jefe del Consell habría incurrido en un delito de cohecho impropio -el mismo que señala Anticorrupción en su acusación-, recogido en el artículo 426 del Código Penal y que pena la recepción de dádivas, y proponen para los cuatro imputados una multa de 49.500 euros. Pero también consideran que, alternativamente, Camps podría haber incurrido igualmente en otros dos tipos de cohecho, recogidos, respectivamente, en los artículos 425 y 420 del Código Penal. En el primer caso, un supuesto en el que la recepción de las dádivas estarían vinculadas a adjudicaciones realizadas sin incurrir en ilegalidades, los socialistas apuntan que Camps debería ser condenado al pago de una multa de 46.000 euros y a una suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años. En el segundo, un artículo en el que los regalos están vinculados a contratas concedidas con irregularidades, el PSPV propone una pena de 3 años de cárcel y ocho de inhabilitación para el jefe del Consell con una multa de 46.000 euros. También se exige requisar la ropa o la incautación de una cantidad económica similar a la cuantía de los regalos.
Los socialistas solicitan además que, en la celebración del juicio, se requiera el interrogatorio de los imputados; un total de 34 testificales, entre ellas, la de El Bigotes, Correa y Pablo Crespo, el sastre de Camps o altos cargos como dos de las ters últimas conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such. También se pide la audición de las grabaciones y pruebas periciales además de la apertura de una pieza separada para garantizar, vía fianza, que los acusados harán frente a sus posibles responsabilidades.

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