El juez de Alicante sobre el que recayó por reparto la pieza separada de Brugal relativa a un presunto delito de tráfico de influencias en el Plan Rabasa archivó el caso por falta de indicios, según ha podido saber este diario a través de fuentes judiciales. La causa, que se basaba en unas escuchas teléfonicas intervenidas mientras se investigaba el caso Brugal, implicaba a Enrique Ortiz y a varios cargos públicos a los que pedía su apoyo para sacar adelante el macroproyecto urbanístico, entre los que figuraban el diputado provincial Carlos Mazón y ex conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego.
El juez entendió que no había indicios de delito y que la documentación aportada por la jueza de Orihuela, que remitió a Alicante la pieza desgajada de Brugal para que se investigara en la capital, no era suficientemente determinante. La causa se archivó sin practicar diligencia alguna y la Fiscalía -a través de la cual se inició la investigación- nunca recurrió. La circunstancia es similar a la que se ha producido recientemente con la pieza separada de Brugal que implicaba al conseller de Economía, Gerardo Camps, y al piloto de rallyes, Miguel Fuster, y que recayó sobre el juzgado de Instrucción 2 de Alicante. El magistrado dio carpetazo al asunto al entender que no había suficiente documentación para poder deducir que había un delito a raíz del patrocinio económico del empresario Enrique Ortiz al piloto a cambio de que éste mediara a través de su amistad con Gerardo Camps para ser beneficiario en proyectos. El magistrado archivó la causa sin realizar ninguna pesquisa. En este caso, la Fiscalía recurrió el archivo. La Audiencia solicitó al juzgado que, al menos, notificara a las partes la existencia de la causa.
La juez Maria Monserrate Mula -encargada del caso Brugal antes de que Carlos San Martín asumiera la titularidad del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Orihuela- solicitó hace dos años que un juzgado de Alicante investigara el Plan Parcial de Rabasa por presunto tráfico de influencias.
