Un paso más hacia el banquillo de los acusados. El jefe del Consell, Francisco Camps, se encuentra desde ayer más cerca de enfrentarse a un jurado popular tras la providencia dictada el martes por el magistrado José Flors, instructor de la causa abierta por el presunto regalo de trajes por parte de la trama corrupta Gürtel al presidente de la Generalitat, al diputado autonómico Ricardo Costa (también secretario general del PP y portavoz en las Cortes cuando se le atribuye la recepción de los presentes) y a los ex cargos de la Generalitat Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados todos ellos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Este tipo penal condena con una pena de multa de tres a seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente", según recoge el Código Penal. El instructor considera que la red corrupta regaló la ropa a cambio de contratas con la Generalitat (logró más de 8 millones en apenas un lustro) y del PP.

El magistrado Flors, tras denegar las últimas diligencias solicitadas por las defensas, ha dado por finalizada la investigación y le pide a la acusación pública y a la popular, que ejerce el PSPV, que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura de juicio oral formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales". O, lo que es lo mismo, que concreten los cargos contra los imputados y soliciten la apertura de juicio, un requisito imprescindible para el que magistrado continúe con la tramitación de la causa y el único que, en el supuesto más que improbable de que las acusaciones plantearan el archivo del caso en vez de formular sus imputaciones, podría librar a Camps de sentarse en el banquillo. A estas alturas del procedimiento, salvo por la petición expresa de las acusaciones en ese sentido, no cabe un archivo como el que, en contra del criterio del Flors, dictó en agosto de 2009 la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior (TSJ), entonces presidida por el ex titular del máximo órgano judicial de la Comunidad, Juan Luis de la Rúa, y que acabó con el asunto en el Tribunal Supremo, a donde recurrió el carpetazo de las actuaciones tanto la Fiscalía como el PSPV y donde en mayo del año pasado se ordenó una reapertura que ha conducido el proceso hasta el momento actual.

Recursos que no paralizan

En su escrito del martes, Flors comunica a las partes la posibilidad de presentar recurso contra esta providencia, algo que casi con toda seguridad hará el jefe del Consell pero que no paraliza un procedimiento en el que, a continuación de las acusaciones, serán las defensas las que tengan que presentar sus escritos de conclusiones provisionales.

Habida cuenta de que se trata de la primera vez que el TSJ se enfrenta a un procedimiento con jurado y a lo farragoso de la propia ley que regula este tipo de proceso, es más que probable que la vista oral contra el presidente no se celebre antes de las elecciones autonómicas y locales del próximo 22 de mayo. Lo que sí se habrá producido para entonces será la apertura de juicio oral que, ateniéndose a los plazos marcados por la ley, Flors podría dictar a últimos de febrero o en los primeros días de marzo. A partir de ese momento será el magistrado Juan Climent, único de la Sala de lo Civil y Penal que no ha tenido que tomar resolución alguna en este asunto, quien se encargará del asunto como presidente del tribunal del jurado. En la misma situación de no contaminada por la causa se encuentra la recién elegida presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, quien por sus obligaciones institucionales no es probable que asuma una obligación así.

En el supuesto de que para cuando el juicio se celebre ninguno de los imputados fuera ya aforado, la causa se trasladaría a la Audiencia de Valencia.