L a Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer con sólo tres votos en contra, los de los eurodiputados populares Carlos Iturgáiz, Cristina Gutiérrez y Luis Herrero - el tercer informe contra la legislación urbanística del Consell. El trabajo, coordinado por los eurodiputados Marcin Libicki y Michael Casham, advierte de que la legislación autonómica no protege a los propietarios del suelo e, incluso, podría estar favoreciendo acciones que vulneran el derecho comunitario y varias directivas de la UE, entre ellas, la que combate el blanqueo de capitales. El representante de la CE en la Comisión anunció que en junio se decidirá si el expediente de infracción abierto contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV); termina en denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo.

La Comisión de Peticiones aprobó ayer un nuevo informe contra la política urbanística en la Comunidad Valenciana que insta a sus autoridades, y también a las de otras regiones y al Gobierno central, a garantizar que se respetan los derechos de los propietarios a la propiedad legalmente adquirida. Para ello, reclama que se establezcan «criterios definidos con más precisión» sobre la utilidad pública de los proyectos urbanísticos para «evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad». Ésta es una de las recomendaciones de un informe que se aprobó con la oposición de los eurodiputados del PP miembros, que incluso trataron de impedir que se celebrara la votación. El texto es el resultado de la visita que realizaron el mes pasado dos miembros de la comisión a la Comunidad, Madrid y Almería y denuncia los abusos generalizados en toda España, pero con numerosas menciones expresas al caso valenciano. En sus conclusiones también «cuestiona los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos que reconocen en la práctica los urbanizadores y promotores inmobiliarios determinadas autoridades locales en la costa» y «condena con energía las prácticas encubiertas de determinados promotores de socavar con subterfugios la legítima propiedad de ciudadanos europeos». Por ello, reclama a las «autoridades regionales» que creen «tribunales administrativos espaciales» con capacidad de arbitraje en «controversias suscitadas por los proyectos urbanísticos» y reclama que se aplique la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE «cuando se imponga una compensación por pérdida de propiedad». Estas son las conclusiones de un informe que aprobó por 15 votos a favor y tres en contra después de un debate en el que los eurodiputados del PP trataron de destacar las imprecisiones del trabajo que, según la popular Cristina Gutiérrez Cortines mezcla «quejas sin relación con el informe».

El apoyo no pudo darse por unanimidad, a pesar de que el presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki modificó, tras varios intentos, el término de «tribunales especiales» por «comisiones especiales», para las denuncias urbanísticas, en respuesta a una de las recomendaciones del informe.