El juez que ha archivado la pieza separada del caso Brugal que afecta al conseller de Economía Gerardo Camps argumenta su decisión amparándose el hecho de que no se han apreciado influencias indebidas para tratar de interferir en los concursos públicos investigados, según la resolución judicial facilitada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Esta causa era una de las 17 piezas separadas del caso Brugal y que había recaído en el juzgado de Instrucción número dos de Alicante, cuyo titular es el magistrado Javier Saravia.
Los procedimientos bajo sospecha en dicha pieza eran los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente, los servicios de mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por el Instituto Valenciano de Finanzas. Las intervenciones telefónicas apuntan a que el empresario Enrique Ortiz habría tratado de usar la amistad del piloto de rallyes, Miguel Fuster, con el conseller Gerardo Camps, para influir en el resultado de esos procedimientos públicos.
La Fiscalía está estudiando el auto judicial para decidir si recurre el archivo y que continúen las investigaciones. El juez da un plazo de tres días para recurrir su decisión ante su juzgado y, en caso de mantenerse el archivo, se podrá recurrir ante la Audiencia.
Sobre el caso del Palacio de Congresos y el Parque Cultural de San Vicente, el magistrado Javier Saravia, recalca que estos procesos "todavía no habían salido a licitación, ni había ninguna resolución administrativa al respecto". Para el juez, las intenciones de la administración eran públicas y notorias, habían sido publicadas en todos los medios de comunicación y, en este sentido, "las conversaciones entre Enrique Ortiz y Miguel Fuster se ciñen a comentarios genéricos" de los que no se percibe ninguna información relevante que éste le pudiera trasmitir. El hecho de que Ortiz patrocinara al corredor de rallyes es "una relación de ámbito estrictamente privado" y de la investigación no se desprende para el juez "una indebida influencia para interferir en un proceso de decisión que ni siquiera se había iniciado".
Otro tanto se argumenta con el proceso para la adjudicación del mantenimiento de la Ciudad de la Luz. El magistrado recuerda que el concurso se adjudicó a una tercera empresa ajena al caso. La prueba en la que se basaban era otra conversación de Fuster con Ortiz en la que le alertaba de que "no se asocie con la persona que contactó con él, ya que al parecer tenía una mala relación con un alto cargo".
En cuanto a la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules Sociedad Deportiva por el Instituto Valenciano de Finanzas el juez recuerda que este tipo de acuerdos no sólo se ha alcanzado con el Hércules, sino con otros clubes con anterioridad. "No existe más dato que el hecho de que la alcaldesa de Alicante hablase con Gerardo Camps acerca de este tema y gestionase un acuerdo de éste con Enrique Ortiz en el que se comunicaría el acuerdo adoptado", argumenta la resolución judicial.
La trama de Calp
Por otra parte, el municipio de Calp generaba 25.702 toneladas al año, según informe de 2008 elaborado por la concejalía de Residuos Urbanos. Pese a contar con estos datos, el Ayuntamiento de la localidad facturó el traslado de hasta 75.590 toneladas a las instalaciones de Ángel Fenoll. El concejal de Tratamiento de Residuos durante todo este mandato, Antonio Romera, del PSD, tenía datos objetivos de la basura real que se genera en Calp. Además, en la junta de gobierno, se le informó a él y al resto de ediles de las abultadas facturas que presentaba Colsur.
En un informe elaborado por la concejalía de Residuos en 2008, se detalla la producción de basura desde 2002. Esas cifras las aportaba Acciona, que es la mercantil que se encarga de la recogida de basura. Mientras, en 2008, Colsur facturó al ayuntamiento el tratamiento y traslado a su vertedero de Abanilla (Murcia) de 75.590 toneladas de residuos. El PSOE denunció que como edil de Residuos, Romera debió cruzar las cifras.
