El suministro de agua para el Plan Rabasa está garantizado. Ese es el principal argumento que utilizó el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad para levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la polémica actuación urbanística desde diciembre de 2009 y el mismo que ha esgrimido ahora para ratificar su decisión. De esta forma, los magistrado rechazan la petición de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) de volver a paralizar el plan y se reafirman en que "ofrece garantías de cumplir con los estándares urbanísticos y medioambientales". No obstante, el tribunal autonómico aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, que es la legalidad del plan parcial, aunque esta decisión no se prevé antes dos años.
Tras la decisión de levantar la suspensión cautelar del plan parcial, la PIC presentó un recurso ante el TSJ para pedir que volviera a paralizarse hasta resolver el fondo del asunto. Sin embargo, el tribunal rechaza en un auto la petición del colectivo al considerar que la cuestión ya está resuelta. Para ello, reproduce los mismos argumentos que le sirvieron para alzar la suspensión de la actuación hace cuatro meses. Así, el auto recuerda que la delegación del Gobierno centrar y los demás demandantes (PSOE, EU e Iniciativas Ciudadanas) señalaban que el Ayuntamiento y Viviendas Sociales del Mediterráneo, la empresa de Enrique Ortiz, garantizaban la suficiencia de agua en Rabasa mediante un informe de Aguas de Alicante en el que se hacía referencia a un convenio suscrito con Acuamed para la contrucción de una desaladora que garantizara el abastecimiento. Sin embargo, los recurrentes aseguraron que el informe era erróneo al no especificarse "las necesidades futuras que la Confederación Hidrográfica del Júcar prevé en 5,5 hectómetros cúbicos anuales". Además, consideraban que al "no estar asignado los caudales que le corresponden a cada municipio no se puede ofrecer lo que todavía no se tiene" e incidían en que "la desaladora es sólo un proyecto futuro, no una realidad", tal y como se desprende del auto judicial.
Esos argumentos fueron admitidos inicialmente por el TSJ para suspender cautelarmente la actuación, pero después fueron rechazados tras la documentación aportada por la empresa de Ortiz y que, según el tribunal, ha sido avalada por la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Mancomunidad del Taibilla. Al respecto, el TSJ recoge que el informe de este último organismo afirma que "a partir de 2008 los recursos hidráulicos legalmente disponibles superarán a las necesidades previsibles".
En cuanto a la población, el tribunal entiende que las 13.503 viviendas previstas en la macroactuación, donde se prevé la instalación de Ikea, supondrán un aumento de 28.000 habitantes y no de 40.000 como se calcularon anteriormente.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se mostró satisfecha ante la resolución judicial, al entender que supone un paso más en la expansión de la ciudad.
La PIC recuerda que falta resolver el fondo
La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas recuerda que el auto del TSJ únicamente se pronuncia sobre la petición de suspender cautelarmente el Plan Rabasa, pero no sobre el fondo del asunto y las demandas que piden la nulidad de toda la actuación. Al respecto, Manuel Alcaraz incide en que "debe rechazarse el plan ante las sospechas que planean sobre él". En cuanto al rechazo a su petición de volver a paralizar el plan, Alcaraz dice que "acata la decisión y no le sorprende", si bien afirma que hay argumentos que no se han valorado. Una de las razones que esgrime la Plataforma es la falta de participación pública y las presunto incumplimiento de las normas de contratación.
